Llegando tarde, superada por la pandemia. Parece haber sido una constante de Isabel Díaz Ayuso durante la crisis del coronavirus. Le pasó ya en la primera ola de la enfermedad, convirtiendo Madrid en el epicentro, y le ha vuelto a pasar en la segunda ola, llevándola de nuevo a ser la zona cero del Estado español. Esto llega después de meses de críticas por la pasividad administrativa, haciendo ver que en la capital de España no pasaba nada. De poco sirvió maquillar los datos de contagios comunicando los contagios con más retraso que el resto de comunidades autónomas. La situación se ha acabado volviendo insostenible.

Las cifras hablan por si mismas. De los diez municipios con más casos por habitante de todo el Estado español, nueve se encuentran en la Comunidad de Madrid. La primera es Parla, con una incidencia acumulada de 992 en los últimos 14 días; la tercera, Alcobendas (828); la cuarta, Fuenlabrada (811); y la quinta, la misma Madrid (696). De hecho, los barrios más pobres, los del sur de la ciudad, tienen las tasas de afectación más altas de Europa: Puente de Vallecas con 1.240, Villaverde con 1.157 o Usera con 1.155. En algunas áreas básicas de salud incluso friegan los 2.000 casos por 100.000 habitantes. Y son los datos de la última actualización, hace una semana.

El primer grito de alerta ha venido, nuevamente, del sector sanitario madrileño, que se ha visto desbordado en los centros de atención primaria y en los hospitales, y también se ha visto sin los recursos suficientes. Tanto es así que la Comunidad ahora está buscando "médicos voluntarios" para el hospital de campaña de IFEMA, que quieren reabrir porque las unidades de cuidados intensivos ya no dan abasto. Al abandono de los centros sanitarios y hospitalarios hay que sumar también la falta de rastreadores o el retraso a la hora de realizar pruebas PCR y de comunicar los resultados, entre otras disfunciones. Mientras, el gobierno de Ayuso ha centrado su atención en el aeropuerto de Barajas, aunque por allí sólo han entrado el 0,2% de los contagios totales, según los datos del Gobierno.

La nueva respuesta del gobierno autonómico ha sido criticada por improvisada: más policías, incluso más militares, pero no más médicos. Se han confinado a toda prisa 37 zonas sanitarias, 27 de las cuales en la ciudad de Madrid y 11 en el cinturón sur de la capital. Los criterios han sido cuestionados; no sólo porque se han dirigido a los distritos más pobres, sino porque se ha excluido a barrios como el céntrico Lavapiés, con una incidencia idéntica (1.185) en los barrios confinados. La misma Ayuso admitía el viernes pasado que, después de criticar durante tantos meses el estado de alarma, ahora no podía a pedir a La Moncloa que tomara las riendas. "Yo seré la responsable que esto salga bien o mal. Lo asumo y lo asumiré", dijo a principios de mayo, cuando insistía en pasar de fase a pesar de no cumplir con los criterios sanitarios exigidos por las autoridades. Ahora culpa al Gobierno de haberla dejado "demasiado tiempo sola".

Meses de negligencias

Este es sólo el último episodio. Sólo hay que echar la vista un poco atrás para ver cómo la historia se repite. Lo que está viviendo Madrid con la segunda ola ya lo vivió en la primera, durante el estado de alarma. Hubo habido gestión errática, sobreactuación, declaraciones absurdas, decisiones polémicas y escándalos diarios. Desde el drama de los muertos en las residencias hasta el hospital de campaña de Ifema, pasando por las becas comedor de Telepizza. También la insistencia para pasar a la fase 1 de la desescalada en contra de criterios sanitarios, provocando la dimisión de la máxima responsable de Salud Pública del gobierno autonómico. Incluso la sombra de la corrupción ha perseguido a Ayuso durante estos meses por el aparthotel de lujo donde se alojaba, inicialmente pagado por el hotelero amigo Kike Sarasola. Mientras tanto, el personal sanitario denunciaba estar abandonado a su suerte, al límite de sus capacidades.

Años de recortes

Pero para entender la situación actual hay que ir mucho más atrás en el tiempo. Los sanitarios, según denuncian, se han encontrado sin recursos suficientes en un momento excepcional: ante una pandemia mundial. La responsabilidad, sin embargo, va más allá del mandato de Ayuso. La tónica de los últimos años han sido la infrafinanciación y las privatizaciones. El actual consejero de Economía, Javier Fernández-Lasquetty, lo era antes de Sanidad, desde donde impulsó estas políticas. Fue él quien en 2012 consiguió aprobar una ley que permitía privatizar seis hospitales y 27 centros de salud. No se desarrolló, porque la tumbó la justicia y él dimitió, pero hay datos que evidencian el modelo.

Según las cifras del Ministerio de Sanidad, de los 90 hospitales que hay en la Comunidad, 49 son privados y 3 concertados. Entre los años 2010 y 2018, la plantilla del Servicio Madrileño de Salud cayó en 3.300 trabajadores, un millar de los cuales sanitarios. Según la Estadística de Gasto Sanitario Público del 2018, realizada por el Ministerio de Sanidad, la Comunidad de Madrid es la comunidad que menos recursos dedica a la sanidad pública: un 3,6% de su PIB, o lo que es lo mismo, 1.274 euros por habitante. Catalunya dedica 1.432 euros y el País Vasco 1.753 euros. También se encuentra por debajo de la media española en remuneración del personal, muy a menudo en situación de temporalidad. Ha habido recortes hasta hace nada, aunque encubiertos: el pasado noviembre, Lasquetty renunció a ejecutar 145 millones de euros en sanidad, educación y vivienda.

Epicentro del liberalismo cañí

Dicen que en la Puerta del Sol se encuentra el kilómetro cero de las carreteras de España. Ahora es el kilómetro cero de la pandemia en el Estado. Y durante décadas también ha sido el kilómetro cero del liberalismo cañí. Desde el 95 que el gobierno regional está en manos del PP. Tanto Isabel Díaz Ayuso como Javier Fernández-Lasquetty son hijos políticos de José María Aznar y Esperanza Aguirre, como denotan sus políticas. Para muestra, un botón: la semana pasada, con la sanidad pública faltada de recursos, la presidenta madrileña llegó a prometer una rebaja generalizada de impuestos: medio punto menos para todos los tramos de IRPF.