La decisión del Tribunal Supremo de aplicar la ley de amnistía a Josep Costa ha provocado una durísima reacción del exvicepresidente del Parlament, que ha dejado claro que no reconoce la legitimidad del alto tribunal. "Me importa un rábano lo que diga el Tribunal Supremo, la puta Constitución o la monarquía delincuente en nombre de la cual dictan sentencias", ha escrito, antes de añadir que, si bien felicita "a quien haya luchado por la amnistía", él no reconoce a los jueces "ninguna autoridad" ni para juzgarlo ni tampoco "para absolverme ni amnistiarme".
Las declaraciones llegan después de que el Tribunal Supremo haya acordado aplicar la ley de amnistía en la causa contra el expresidente del Parlament Roger Torrent y los exmiembros de la Mesa Eusebi Campdepadrós, Adriana Delgado y el mismo Josep Costa, todos ellos encausados por un delito de desobediencia. La misma decisión también beneficia al exalcalde de Sabadell Maties Serracant y a tres activistas encausados por desórdenes públicos.
En las diferentes resoluciones dictadas este jueves, el Tribunal Supremo sostiene que "quedan amnistiados los actos protagonizados" por todos los afectados, en aplicación de la ley de amnistía. Sin embargo, Costa ha querido desmarcarse de cualquier validación de la decisión judicial y ha insistido en que no reconoce la legitimidad del tribunal ni de las instituciones en nombre de las cuales actúa.
M’importa un rave el que diga el Tribunal Suprem, la puta Constitució o la monarquia delinqüent en nom de la qual dicten sentències.
— Josep Costa (@josepcosta) July 24, 2026
Qui hagi lluitat per l’amnistia, enhorabona.
Si jo no els reconec cap autoritat per jutjar-me tampoc els la reconec per absoldre’m ni amnistiar-me. pic.twitter.com/OO35VSEiJk
"Cobardes que dan lecciones"
La reacción de Costa ha provocado una contundente réplica de Josep Pagès i Massó, miembro de la Sindicatura Electoral del 1-O. En un tuit, Pagès sostiene que el exvicepresidente del Parlament rechazó incorporarse al organismo en septiembre del 2017, cuando una de las personas que formaban parte pidió ser sustituida en plena ofensiva judicial del Estado español. Según su relato, Costa, que era suplente, respondió que "ni pensarlo" porque "a mí en prisión no me verán". Pagès asegura que de ese episodio hay "al menos tres" testigos y que la persona que había pedido ser sustituida "acabó aguantando hasta el final".
El síndico recuerda que por entonces el Tribunal Constitucional imponía multas coercitivas de 12.000 euros diarios y que la Fiscalía presentaba querellas con peticiones de penas de prisión. Por eso, reprocha a Costa que ahora afirme que la justicia española "le importa un bledo", cuando, según su versión, en septiembre del 2017 "le daba algo más de respeto, por no decir miedo". Pagès contrapone "la cobardía y la deslealtad de algunos, que después se dedican a dar lecciones", con "la responsabilidad y el patriotismo de otros".
El setembre de 2017 queien multes del TC de 12.000 euros al dia i querelles de la Fiscalia demanant anys de presó.
— Josep Pagès i Massó (@jpagesm) July 24, 2026
Una de les persones que formaven part de la Sindicatura Electoral del Referèndum va demanar ser substituïda. Es va plantejar a Josep Costa, suplent, si acceptava… https://t.co/hAoqcQVtG0