El PP habría manejado "una contabilidad B de gastos electorales" en las elecciones autonómicas de 2007 y 2011 y en las generales del 2008. Así se desprende de un auto secreto del juez del caso Púnica, Eloy Velasco, centrado en la presunta financiación ilegal del PP de Madrid, y así lo publica hoy El Confidencial, que ha tenido acceso al escrito.
Eso les habría permitido superar de forma sistemática "los límites de gasto electoral" sin dar indicios a los órganos de fiscalización de lo que estaba pasando. El dinero habría entrado en la sede de Génova a través del desvío de subvenciones de la Administración y el cobro de donaciones ilegales a cambio de "contratos públicos".
La Fundación para el Desarrollo Económico de la Comunidad de Madrid, una entidad "sin ánimo de lucro" más conocida como Fundescam -y creada por el propio PP regional-, estaría implicada en la trama ya que habría sido utilizada para triangular operaciones de contabilidad paralela, así como, según el juez, "vehicular los fondos destinados a gastos electorales y actuar de pantalla de cobertura de la verdadera naturaleza y destinatario de los servicios de campaña".
Por esta fundación habrían pasado los donativos opacos de constructores y empresarios, pero también ayudas públicas del gobierno autonómico de Madrid. Era un juego entre el PP nacional y el regional. El gobierno de Esperanza Aguirre daba fondos a Fundescam para dar apoyo a falsos programas sociales y, después, este dinero era transferido a Génova.