El independentismo lo tiene todo a punto para aprobar las leyes de desconexión —muy probablemente en el pleno del Parlament de la semana que viene—, que lo situarán en una situación de choque con el Estado. Pero el Estado también preparada su respuesta. Según Soraya Sáenz de Santamaría, el Gobierno recurrirá "inmediatamente" las normas, una vez "las pongan sobre la mesa". De hecho, ya tiene los escritos redactados, que podrían llegar a presentar el mismo día. La vicepresidenta incluso amenazó ayer con inhabilitaciones.

Si la tramitación de las leyes del Referéndum y de Transitoriedad se hace en el Parlament —como es la intención de las fuerzas independentistas—, presentarán un incidente de ejecución de sentencia, para que el Tribunal Constitucional actúe para hacer cumplir su resolución sobre la reforma del reglamento del Parlament. En cambio, si el Govern las aprueba por decreto, optarán por un nuevo recurso al Constitucional. En cualquier caso, todo pasa por un mismo lugar: el TC.

Como en otras ocasiones en el pasado, el Gobierno vuelve a depositar sus esperanzas en el Tribunal Constitucional, que ha sido quien durante los últimos años ha tumbado todas las leyes e iniciativas catalanas relacionadas con el proceso.

Además, el Alto Tribunal tiene, desde la reforma de la ley del Tribunal Constitucional de 2015, capacidad sancionadora. La reforma, ideada por Soraya Sáenz de Santamaría, era una forma de evitar el artículo 155, descargando la responsabilidad en el Alto Tribunal. Fue hecho pensando en Catalunya. De hecho, el primer incidente de ejecución de sentencia admitido a trámite por el TC fue contra la decisión del Parlament de crear una comisión de estudio del proceso constituyente.

Concretamente, el Tribunal Constitucional puede imponer multas de 3.000 a 30.000 euros; suspender autoridades o empleados públicos; requerir la colaboración del Gobierno para que adopte medidas, y trasladarlo a los órganos del poder judicial para que exijan responsabilidades penales. La reforma establece que el TC solicitará un informe a las autoridades que han de cumplir las resoluciones y, una vez se reciba el informe o venza el plazo fijado, podrá sancionar.

Hoy por hoy, los magistrados del Tribunal Constitucional no se plantean aplicar el precepto que les permite suspender a cargos públicos

El problema para el Gobierno es que, hoy por hoy, los magistrados del TC no se plantean aplicar este precepto. Según informa La Razón, el Constitucional "actuará resolviendo los recursos que se presenten, pero todo lo demás la iniciativa corresponde a la Fiscalía". Desde el principio se mostraron reticentes a adoptar este rol sancionador, y ahora tampoco se plantean ser los inhabilitadores. Una cosa distinta es que el TC pudiera acudir al Gobierno para que "le ayudara" a cumplir sus resoluciones. La responsabilidad recaería en la Moncloa, que no podría delegar la adopción de medidas como hasta ahora.

El Tribunal Constitucional está compuesto por doce miembros, de los que actualmente siete son conservadores o a propuesta del PP, y cinco son progresistas o a propuesta del PSOE.

El primer pleno ordinario del nuevo curso judicial del Tribunal Constitucional está fijado para los días 5, 6 y 7 de septiembre. Los mismos días (6 y 7) para los cuales está fijado el primer pleno ordinario del nuevo periodo de sesiones del Parlament de Catalunya. Es en este pleno que se espera que se aprueben las leyes del Referéndum y de Transitoriedad Jurídica, previa inclusión en el orden del día.

La Fiscalía no llega

Para hacer cumplir una suspensión del TC hay dos vías: las medidas que pueda tomar el Gobierno y las que pueda tomar la Justicia. Aparte del Tribunal Constitucional, que en este momento no quiere ejercer el papel de órgano sancionador, están la Abogacía del Estado y la Fiscalía. Es justamente en el ministerio público en quien delega esta iniciativa el Alto Tribunal.

Con respecto a la Abogacía del Estado, que al fin y al cabo son los servicios jurídicos del Gobierno, actuará como ha hecho con el resto de leyes e iniciativas relacionadas con el proceso aprobadas por el Parlament: presentar un recurso inmediato. Como es el Gobierno quien presenta el recurso, las normas quedan automáticamente suspendidas de forma cautelar. Pero la Abogacía del Estado no podría tomar medidas para garantizar el cumplimiento de la suspensión. Por eso los ojos están puestos en la Fiscalía. El fiscal general José Manuel Maza ya advirtió el pasado junio que actuaría "sin complejos" —incluso contra voluntarios del 1-O— si se incumplía la ley.

La Fiscalía podría emprender acciones penales contra autoridades, pero no podrían ser suspendidas antes del 1 de octubre

El ministerio público podría emprender acciones penales —presentar querellas— contra los miembros del Govern y del Parlament ya advertidos por el Tribunal Constitucional, como es el caso del presidente Carles Puigdemont o la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell. Estas querellas, sin embargo, no supondrían la inhabilitación inmediata, solo posible después de una sentencia condenatoria donde se establezca esta pena de forma expresa. Puigdemont o Forcadell no podrían ser suspendidos antes del 1 de octubre.

El Govern, dispuesto a desobedecer

El Govern está determinado a seguir adelante con el referéndum del 1 de octubre, incluso pasando por encima de una eventual suspensión de la ley del Referéndum por parte del Tribunal Constitucional. Si se produce, aseguraba el portavoz Jordi Turull en la rueda de prensa de este martes, "obedecerán" el mandato del Parlament, "con todas las consecuencias" que esto pueda comportar.

"Les puedo asegurar que el Govern será absolutamente leal al mandato que salga del Parlament. Obedeceremos al Parlament, con todas las consecuencias", afirmaba el también conseller de la Presidencia, que añadía: "El mandato de los ciudadanos y del Parlament es el que obedeceremos, porque eso es la democracia".

Con un Tribunal Constitucional reticente a actuar como brazo ejecutor del Gobierno, y con un Govern que no quiere renunciar a sus planes, la presión para dar respuesta al 1-O hace el camino inverso al habitual: del TC a la Moncloa.