Son más las formaciones políticas con representación en el Congreso que este miércoles no asistirán en el acto oficial de conmemoración del 45º aniversario de la Constitución que las que sí que irán. PSOE, PP, Sumar, Coalición Canaria y UPN sí que asistirán al acto de la cámara baja, pero no estarán en el edificio situado en la madrileña carrera de San Jerónimo ni Esquerra Republicana, ni Junts per Catalunya, ni Bildu, ni PNV, ni BNG. Tampoco irá Vox. Todo eso, en un aniversario de la carta magna marcado por la amnistía. Una ley que genera en España rumor de togas: jueces pidiendo una desobediencia generalizada contra un texto que trata de reparar la persecución judicial a independentistas. El Gobierno insiste en que la norma es constitucional y que, como los indultos, va a ser finalmente aceptada por la sociedad española, porque va en beneficio de la "convivencia".
Todas estas formaciones que no harán acto de presencia este miércoles —excepto PNV y Vox— también plantaron a Felipe VI en el acto inaugural de la legislatura. Los nacionalistas vascos sí que hicieron acto de presencia, pero no en el desfile militar. El argumento de los ultraderechistas para no asistir al acto, sin embargo, es diferente que el de las otras formaciones: "Nosotros no estamos al lado de los que rompen la Constitución ni participamos en teatrillos, y aquel día estaremos con los españoles y en los actos regionales", argumentaba este lunes Ignacio Garriga. Sea como sea, este miércoles no asistirán en este 45º aniversario constitucional 59 de los 350 diputados.
Todo, en medio de un contexto de ira en el poder judicial. La semana pasada, exmagistrados del Tribunal Constitucional participaron en un aquelarre contra la amnistía organizado por el PP en el Congreso de los Diputados. El expresidente del órgano, Francisco Pérez de los Cobos, pidió "batallar" contra una ley que representa un "desafío al orden constitucional", un texto que vulnera, según su opinión, el principio de seguridad jurídica y el de igualdad. Pero no acabó aquí la cosa. El exmagistrado del tribunal de garantías Jorge Rodríguez Zapata animó a desobedecer: "Tenemos que defender el derecho a resistencia con todos los medios a nuestro alcance: manifestaciones, boicots o no cumplimiento de las leyes cuando los otros no las cumplen".
También este martes jueces y fiscales españoles llevaron hasta Bruselas sus denuncias contra la amnistía. A través de un acto convocado por Ciudadanos en el Parlamento Europeo, la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, Maria Jesús del Barco, denunció que los jueces son víctimas de partidos políticos. "Esta ley de amnistía supone suprimir el poder judicial en mi país", señaló la jurista.
No han sido los primeros casos. Desde que Sánchez anunció sus intenciones de aprobar una ley de amnistía, los jueces se han opuesto frontalmente a ello. Hace un par de semanas, por ejemplo, hasta 21 jueces de instrucción de Barcelona se adhirieron a un comunicado de entidades judiciales españolas contra la ley que repara la persecución judicial a independentistas. Una semana antes, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI) habían firmado un acuerdo de condena a los pactos del PSOE con el independentismo.
Una semana después de la doble bofetada judicial a Sánchez: CGPJ y Suprem
Hay que recordar, además, que la semana pasada el Consejo General del Poder Judicial calificó a Álvaro García Ortiz como "no idóneo" para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, una propuesta del Gobierno. El ministro Félix Bolaños señala que el jurista cumple con todos los requisitos para ocupar este cargo; pero la cúpula de jueces españoles —con el mandato caducado desde hace cinco años, cosa que provoca una mayoría de vocales conservadores colocados por el PP— se opone. Y también el mismo día el Tribunal Supremo anuló el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado porque no es una jurista "de prestigio reconocido".
El PSOE insta el PP a cumplir la Constitución renovando el CGPJ
Al fin y al cabo, todo acaba teniendo relación: es obligación constitucional renovar el Consejo General del Poder Judicial, y el PSOE insta al PP a negociar con los socialistas la renovación de la cúpula de jueces españoles, con el fin de cumplir la Constitución. Para renovar el CGPJ, se necesita una amplia mayoría, por eso los socialistas necesitan llegar a acuerdos con los populares. Pero el PP pide que, de forma simultánea, se haga una renovación y una reforma del órgano.
El PSOE no cierra la puerta a la reforma, pero suplica que primero de todo se haga la renovación, que es lo más sencillo de hacer. Y el Gobierno tiene un buen argumento a su favor. El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, se ha posicionado a favor de la misma línea defendida por el ejecutivo presidido por Pedro Sánchez: primero de todo, la renovación, y después, en todo caso, una reforma del CGPJ.