Jueces y fiscales españoles han llevado a Bruselas la denuncia contra la amnistía y, de manera más general, contra la actuación del gobierno de Pedro Sánchez, al cual acusan de romper la separación de poderes y el Estado de derecho. Lo han hecho en el marco de un acto convocado por Cs en el Parlamento Europeo, en presencia de representantes de PP y Vox, y bajo un título elocuente, Amenazas al Estado de derecho en la UE: El Caso de España. Los ataques al poder judicial. Entre las intervenciones, la de la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, Maria Jesús del Barco, que ha denunciado ataques de partidos políticos contra los jueces españoles con el objetivo de desprestigiar su trabajo y ha asegurado que eso obedece al hecho de que "el poder judicial es el último dique de contención contra el desmadre de otros poderes, frente a los abusos, y la desviación de poder".

"Se nos ha llamado de todo, jueces golpistas, machistas, enemigos de las mujeres... Para referirse a nosotros hay quien dice que huele a cloaca. Hay quien dice que el peligro de la democracia somos los jueces", ha lamentado la presidenta de la principal asociación de la magistratura, que ha destacado que estos reproches a menudo surgen de los partidos que gobiernan, y ha añadido que, si la situación ya era "grave", a partir de noviembre se ha agravado con la ley de amnistía.

Colonización del poder judicial

María Jesús del Barco ha denunciado que el acuerdo entre PSOE y Junts para la investidura incluye la creación de comisiones parlamentarias para investigar el trabajo de los jueces y para revisar sus resoluciones, con lo cual, no solo "se dice abiertamente que se revisan para ver si hay situaciones de lawfare", sino que además "se rompe la separación de poderes".

La presidenta del APM ha advertido que su asociación no puede asumir que se diga que los jueces españoles prevarican, y ha denunciado una "colonización del poder judicial por parte del poder político". "Con esta ley de amnistía se deslegitima el trabajo del poder judicial, el propio Estado de derecho. Se rompe la separación de poderes porque se dice abiertamente que las resoluciones judiciales quedan sin efecto. Esta ley de amnistía supone suprimir el poder judicial en mi país", ha alertado.

Terrorismo y corrupción

En el acto ha intervenido también la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, que a través de videoconferencia ha cargado contra lo que ha descrito como intentos del gobierno de Pedro Sánchez de controlar el poder judicial con nombramientos que han hecho levantar la voz en contra de los órganos de la magistratura; ha denunciado la ley de amnistía por considerar que asume el relato independentista y hace una "tergiversación de la historia", además de aludir al lawfare y a la guerra judicial; y ha censurado la creación de comisiones de investigación en el Congreso contra actuaciones como las registradas durante el Procés independentista, que "incluyen delitos de corrupción y terrorismo". "Se parte de una finalidad espuria, sin importar los delitos cometidos, de corrupción y/o terrorismo," ha remachado.

"En España de un tiempo en esta parte nos sorprende que desde algunos partidos políticos se ataque el poder judicial por sistema. Un insidioso ataque a jueces y fiscales por su trabajo profesional, intentando generar desconfianzas," ha denunciado Dexeus mientras en la mesa del acto seguían la intervención, además de la eurodiputada de Cs, Maite Pagazaurtundua, representantes del PP y Vox.

Injerencia de Rusia

También ha intervenido el magistrado del APM Javier Martínez Marfil que, aparte de redundar en los puntos abordados por el resto de intervenciones, ha añadido una referencia a la supuesta injerencia rusa en el Procés independentista. "Hubo contactos con potencias extranjeras, precursoras de un sistema de desinformación, animadas por el indisimulado interés de mantener la inestabilidad europea," ha asegurado.

Martínez Marfil ha denunciado que la amnistía "se ofrece como pago de una investidura" y supone la "derogación de la división de poderes" y una ruptura de la seguridad jurídica, dado que acaba con la previsibilidad de la ley, por lo cual ha reclamado que Europa haga suya la denuncia de los magistrados españoles.