La Audiència de Barcelona no ha admitido a trámite el nuevo escrito del consorcio del Palau de la Música que proponía acusar a Convergència de lucrarse con el espolio de la entidad, por el cual se juzga a Fèlix Millet i Jordi Montull, argumentando que el trámite de conclusiones ha finalizado y eso podría provocar en un futuro la nulidad del juicio. El tribunal dice que este cambio de posición se ha presentado fuera de plazo.

La sala ha tomado esta decisión después de que la Fiscalía se haya opuesto a la admisión del nuevo escrito, de la misma manera que la defensa de CDC y su tesorero Daniel Osàcar, que ha manifestado que el juicio del Palau no tiene que "estar al azar de determinados criterios políticos".

El abogado de CDC en el juicio, Xavier Melero, también se ha opuesto a este cambio de criterio "por razones procesales y de decoro", y ha sostenido que el tribunal no tiene que estar en el albur, ha dicho literalmente, de determinados criterios políticos.

Esta decisión llega después de que el gobierno de la Generalitat rectificara y decidiera abstenerse para no bloquear que el Patronat del Consorci del Palau de la Música Catalana pudiera acusar a Convergència. La decisión de acusar a CDC se tomó en una segunda reunión del Consorcio convocada a iniciativa de la alcadesa de Barcelona, Ada Colau. En la primera reunión, los tres representantes de la Generalitat se posicionaron en contra y el Parlament, con los votos de la oposición y los de ERC, solicitó al Govern que ejerciera la acusación.  

Fuentes conocedoras de la decisión han señalado que no se podía admitir la ampliación de las conclusiones definitivas por varias razones, la primera de las cuales es el hecho de haberse planteado fuera de plazo después de que, durante tres años, haya sido posible hacerlo -efecto preclusivo-. Si se hubiese admitido, señalan, se verían vulnerados el derecho de defensa y la seguridad jurídica.

Además, el Consorcio no tendría derecho a recuperar los 6 millones del desfalco de Millet y Montull y que ya han sido devueltos porque se habrían generado de manera ilegal. Por ello, las fuentes entienden que serán decomisados ​​y pasarán al Estado. Por otra parte, el ejercicio de las acusaciones del Fiscal y popular garantizan que no se produzca ningún vacío en la determinación de responsabilidades.