En medio de la vorágine política por los escándalos Cerdán, Koldo y Montoro y de la sucesión de dimisiones por currículums falseados, se constata que España continúa incumpliendo, total o parcialmente, las 19 recomendaciones para luchar contra la corrupción que le viene haciendo desde 2019 el Consejo de Europa, que pide al país una "acción más decidida" para tomar medidas. Esta es la principal conclusión que del último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), grupo del Consejo de Europa que supervisa la materia en los países miembros y que en el caso de España señala especialmente la falta de medidas de prevención en el marco de los altos cargos gubernamentales, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Ha habido una ligera mejora con respecto al anterior informe, puesto que ahora el incumplimiento es total en tres de las 19 recomendaciones, mientras que antes eran seis. Sin embargo, la entidad insiste en que esa evolución es insuficiente, puesto que se trata de deficiencias que se vienen señalando desde hace seis años. Así, el Consejo de Europa pide a España que le entregue un informe de aquí al 30 de junio de 2026 con una relación de los progresos conseguidos.

El informe del Consejo de Europa, hecho público este viernes, concluye que España "no ha implementado satisfactoriamente ni ha abordado de manera suficiente ninguna" de las diecinueve recomendaciones en el informe de Avaluación de la Quinta Ronda, publicado en 2019. En este sentido, el GRECO lamenta la "falta de acciones decididas y de resultados tangibles" para cumplir las medidas. También lamenta la falta de formación sobre códigos de conducta a altos cargos con funciones ejecutivas, así como retrasos en la implementación de una "estrategia de integridad". Asimismo, subrayan que hace falta "una acción más sistémica" en materia de lucha contra la corrupción. También señalan que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha ganado más independencia, pero que su plena capacidad sancionadora aún está pendiente de aprobar en las Cortes.

Entre las demandas planteadas en España, el GRECO también señala que los esfuerzos para regular el 'lobbying' —la presión de empresas y organizaciones a las instituciones públicas— todavía "no se han materializado a la práctica". Y reitera que la obligación de publicar las agendas de las personas con "funciones ejecutivas de alto nivel" para monitorizar los contactos que establecen con grupos de presión y terceros que "buscan influir en la labor legislativa del Gobierno" es una "cuestión pendiente". "Además, las restricciones posteriores al ejercicio del cargo para los nombramientos políticos y los requisitos de declaración financiera necesitan un refuerzo más elevado, en particular en cuanto a la supervisión independiente y a la pública de los datos financieros desglosados. La Oficina de Conflictos de Intereses continúa sin disfrutar de una verdadera independencia y de un presupuesto propio", apunta el informe. 

Entre otras cuestiones, en el informe, el Consejo de Europa —que no pertenece a la Unión Europea, sino que es un órgano independiente suscrito por 46 países sobre la base de acuerdos por los derechos humanos— también reprocha a España que no se haya adoptado "ninguna medida para reformar el procedimiento especial del sistema de responsabilidad penal de los miembros del gobierno, los llamados aforamientos". Por otro lado, el GRECO sí que valora "favorablemente" las mejoras en los mecanismos internos de denuncia y la protección de denunciantes dentro de los cuerpos policiales, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, pero avisa que los regímenes disciplinarios "continúan siendo inadecuados". En cuanto a la Policía Nacional, el código de conducta vigente "sigue sin medidas de aplicación práctica", y en cuanto a la contratación y los nombramientos discrecionales "continúan requiriendo una transparencia más grande". En cuanto a la Guardia Civil, todavía queda adoptar el Protocolo de Buenas Prácticas.

El Gobierno se jacta de que la situación era peor en 2017, con Rajoy

El Gobierno no ha tardado a reaccionar y ha lanzado un comunicado de la mano del ministerio de Presidencia y Justicia, a cargo de Félix Bolaños, en el cual celebra que España ya cumple parcialmente al menos 16 de las 19 recomendaciones, tres más que la última revisión. En este sentido, el Ejecutivo de Pedro Sánchez asegura que se ha producido una mejora en cuanto a la "mala situación" de 2017, cuando se hizo el primero de estos informes y cuando en España gobernaba Mariano Rajoy. "No existía una política anticorrupción sistemática, racionalmente planificada ni razonablemente evaluada", apuntan.