El Consejo de Estado ya tiene terminado el informe que le encargó el gobierno de Pedro Sánchez sobre la limitación de los aforamientos en la Constitución. El informe, según informa hoy El País, propone que se limite el aforamiento del presidente, los ministros, los diputados y los senadores por delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo.
El informe del Consejo de Estado, que recibirá hoy al ejecutivo español, recomienda que en el plazo máximo de un año se cambien las leyes que regulan el régimen procesal de otros aforados, como jueces y diputados autonómicos.
El gobierno de Pedro Sánchez encargó el septiembre pasado al Consejo de Estado que preparara esta reforma y su intención se aprobarla antes de que acabe noviembre.
Artículos a reformar
La reforma afecta a dos artículos de la Constitución que regulan el aforamiento, el 71.3 y e 102.1. El redactado de primero artículos sería: "A las causas contra diputados y senadores, para los delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo sería competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo". En el según se incluiría la misma puntualización en el caso del presidente y el miembros del gobierno. Serían los tribunales los encargados de decidir cuando se da esta circunstancia.
El Consejo de Estado determina que la reforma de la Constitución para incorporar estos cambios se puede hacer por la vía simple (artículos 167) que sólo exige una mayoría de tres quintas partes al Congreso de Diputados y al Senado. No se necesario celebrar un referéndum, sólo si lo pide una décima parte de los miembros de alguna de ambas cámaras.
En España hay actualmente casi 250.000 personas aforadas, es decir, que disfrutan del derecho a ser juzgadas por un tribunal diferentes que el resto de ciudadanos.