Se ha repetido el mismo guión que el año pasado. Este jueves, el Congreso de los Diputados ha dado luz verde a los presupuestos del Estado para el 2022, los segundos de Pedro Sánchez, después de acuerdos de última hora con la alianza de la investidura. El mismo guión a nivel español y también a nivel catalán: el independentismo se ha vuelto a dividir, con ERC y el PDeCAT a favor y Junts per Catalunya y la CUP en contra. Los dos socios han ido finalmente por separado, a pesar de la voluntad de coordinación pactada para la investidura de Pere Aragonès. Sobre la mesa se han puesto asuntos como la lengua catalana o el cumplimiento de las inversiones en Catalunya. Ahora las cuentas españolas se enviarán al Senado para su tramitación. No están previstos sobresaltos y, por lo tanto, entrarán en vigor el próximo 1 de enero. Todo un impulso para Pedro Sánchez a la hora de encarar la segunda mitad de la legislatura.

Los presupuestos son expansivos, gracias a la flexibilidad que otorgan Bruselas y los fondos europeos (40.000 millones el 2022), y La Moncloa los sitúa en el marco de una "recuperación justa". Las nuevas cuentas públicas han contado con 188 votos a favor, exactamente los mismos que obtuvieron el año pasado. Han votado a favor el PSOE, Unidas Podemos, ERC, el PDeCAT, el PNV, EH Bildu, Más País, Compromis, Nueva Canarias, el PRC, Teruel Existe. En contra lo han hecho el PP, Vox, Ciudadanos, Junts per Catalunya, la CUP, Navarra Suma y Coalición Canaria. El diputado del BNG se ha abstenido.

 

La cuestión de la lengua ha sido nuclear, mientras se producían ataques como el de la inmersión. ERC empezó la negociación acordando que establecería los términos de la futura ley audiovisual estatal, y los ha acabado fijando: una cuota del 6% para catalán, euskera y gallego. También ha conseguido, de la mano de EH Bildu y el BNG, un fondo de 10,5 millones de euros para las producciones audiovisuales en lenguas cooficiales. Los republicanos también han pactado elevar las inversiones a Catalunya del 17,2% inicial al 19% establecido por la disposición adicional tercera del Estatut y la resolución de los problemas de ejecución. En cambio, no han salido adelante con el traspaso de la comisaría de Via Laietana para su conversión en espacio de memoria, pero sí que han hecho retirar la inversión que tenían prevista para el año que viene. Por su parte, el PDeCAT ha pactado que entidades sin ánimo de lucro que prestan servicios sociales o cooperan con la sanidad pública puedan recibir dinero de los fondos europeos Next Generation.

Muy diferente ha ido con Junts per Catalunya. Lo único que ha conseguido, un fondo covid, ha sido con el voto en contra del Gobierno, que ha intentado vetarlo y que avisa de que no lo ejecutará. Empezaron la tramitación con una actitud diferente pero acabaron encontrándose un muro en frente. Este miércoles, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, confirmaba el no de su formación. La diputada denunciaba que el pactismo del PSOE es "humo". Y enviaba una advertencia al conjunto del independentismo, especialmente a sus socios de la Generalitat: "Estamos retrocediendo y no nos podemos permitir volver a equivocarnos".

La CUP directamente rechazó sentarse con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para establecer negociaciones. De forma reiterada, los anticapitalistas han recordado que no se daban las condiciones porque el Gobierno no planteaba políticas suficientemente "valientes", tanto con respecto al ámbito social como en la resolución del conflicto político.

Una vez enmendadas y avaladas cada una de las secciones por el Congreso de los Diputados, ahora los presupuestos del Estado se mandan al Senado para continuar su tramitación. Es previsible que se introduzca algún cambio. Por este motivo, el Congreso se tendrá que volver a reunir a finales de diciembre y así poder entrar en vigor a partir del 1 de enero.

Los vascos, a la suya

Si el independentismo catalán se ha fracturado en los presupuestos del Estado, no lo ha hecho el nacionalismo vasco. Tanto EH Bildu como el PNV han votado a favor. La izquierda abertzale lo ha hecho después de cerrar un acuerdo con el Gobierno. Entre otras cosas han pactado que las medidas del escudo social —como la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional o el aplazamiento en el pago del alquiler para personas en situación de vulnerabilidad— tenga carácter permanente de ley. Los jeltzales, en cambio, todavía están a la espera de cerrar acuerdos en la tramitación de las cuentas en el Senado. Pero aun así han votado que sí en el Congreso.