El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el decreto ley del Gobierno con medidas fiscales para paliar los efectos económicos de la guerra en Irán. Pedro Sánchez ha abandonado la cámara baja plácidamente. Antes, se ha aprobado la ley de multirreincidencia de Junts y se ha convalidado un decreto que amplía la reparación a las víctimas del franquismo. Y el paquete contra el alza de precios ha salido adelante sin muchos detractores; solo Vox (33 votos). Han votado a favor el PSOE, Sumar, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria (175 diputados). Solo se han abstenido Podemos, que reclama impulsar medidas más drásticas, y el PP, que no ha pulsado el botón rojo, pero a la vez ha exigido una deflactación en el IRPF. Estas dos formaciones han sumado 141 abstenciones.
Junts confirmó su sí este martes al mediodía, después de que los independentistas se garantizasen el apoyo del PSOE en uno de los puntos de una proposición no de ley votada también este jueves e impulsada por el mismo grupo independentista. Los socialistas han formado parte de los 339 votos afirmativos dedicados a un punto que reclama rebajar al 0% el IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales; Solo Bildu se ha abstenido y Podemos ha votado en contra. Esto ha hecho que el grupo parlamentario de Míriam Nogueras diese apoyo al paquete de Pedro Sánchez en materia fiscal, por mucho que se opongan al decreto que prorroga dos años los contratos de alquiler que finalizan antes del 31 de diciembre de 2027.
Podemos, por su parte, también ha permitido la convalidación del decreto con una abstención. Y, de cara a futuros decretos, los morados exigen limitar precios “para evitar que las grandes empresas se apropien” de los 5.000 millones de euros que el Gobierno ha movilizado en el paquete anticrisis. Los morados denunciaban este lunes en un comunicado que los efectos económicos de la “guerra ilegal” de Estados Unidos e Israel contra Irán no se revierten con rebajas de impuestos. “Esta no es la vía”, aseveraban. Y añadían que hay que “limitar precios de carburantes, energía y alimentos” para evitar que la lluvia de millones “engorde la cuenta de resultados de las grandes empresas”. La formación ya registró a principios del mes de marzo una proposición de ley con peticiones en este sentido, además de pedir la gratuidad del transporte público.
Abstención de Podemos y del PP
El PP, por su parte, ha avanzado un par de horas antes de la votación que optaría finalmente por abstenerse. El partido de Alberto Núñez Feijóo ha hecho público el sentido de su voto en un comunicado en el que destacan que "el decreto recoge parte de nuestra propuesta de rebaja de impuestos”. “Pero si no recogen todas las medidas que consideramos imprescindibles, no votaremos a favor", resumen, hablando de un texto "insuficiente". De hecho, los populares exigían una deflactación de la tarifa del IRPF para entregar sus votos afirmativos al decreto.
El decreto fiscal por la guerra en Irán
La semana pasada, el Gobierno aprobó un paquete de 80 medidas que movilizarán 5.000 millones de euros. Se reducen en un 60% los impuestos de la electricidad: se rebaja del 21% al 10% el IVA de esta energía, el impuesto especial de la electricidad pasa del 5,11% al 0,5%, y se suspende temporalmente el actual impuesto del 7% a la producción de energía eléctrica. También se reduce al 10% el IVA del gas natural, de los pellets y la leña, y se congela el precio máximo de venta del butano y el propano. Por otro lado, se extienden durante todo el 2026 los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico; y se bonifican en un 80% los peajes eléctricos para la industria electrointensiva.
El IVA de la gasolina, el diésel y los hidrocarburos también se reduce hasta el 10%, que es el mínimo que permite la Unión Europea. Esto se traduce, aproximadamente, en una reducción de 30 céntimos por litro en un coche medio. Adicionalmente, los transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores tendrán una ayuda de 20 céntimos por litro de combustible; que es la misma ayuda que se aplicará a la compra de fertilizantes. Todas estas medidas, según los cálculos del Gobierno, beneficiarán a los tres millones de empresas y veinte millones de hogares del Estado español.