El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves un decreto del Gobierno que reforma la ley de nemoria democrática con una ampliación de las personas que pueden ser reparadas por haber sido víctimas de la dictadura franquista. Se ha aprobado por la mínima y con críticas de los socios de investidura a la timidez de la reforma. Ha salido adelante con los 173 votos a favor del PSOE, Sumar, Podemos, Esquerra Republicana, Bildu, PNV, Compromís y BNG; y con las siete abstenciones de Junts per Catalunya. Han votado en contra el PP, Vox y UPN, que han sumado 170 votos. También se ha aprobado tramitar el decreto como proyecto de ley, de modo que podrá recibir modificaciones. De hecho, el grupo parlamentario capitaneado por Míriam Nogueras ha amenazado con el voto en contra por tratarse de una mejora insuficiente; reclamaban blindar también a los guerrilleros de bandas armadas que lucharon por la democracia. Esquerra Republicana ha acordado con el Gobierno el compromiso de una ampliación mayor de la norma para que afecte a casos como el de Salvador Puig Antich.
El decreto ley modifica la ley de memoria democrática para poder indemnizar a los combatientes por la libertad que perdieron la vida o sufrieron lesiones graves durante la represión tardofranquista; también durante un tiempo después de la muerte del dictador. La ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya contemplaba indemnizar a los muertos en defensa de la democracia, pero solo aquellos que murieron entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1977, el año en que se aprobó la ley de amnistía.
Las indemnizaciones se regularon en un decreto ley de 2008, y se añadió como perceptores a aquellos que sufrieron lesiones incapacitantes. La ley de memoria democrática de 2022, ya con Pedro Sánchez en la Moncloa, derogó la norma de 2007 por completo y los muertos y víctimas de lesiones graves durante la represión del tardofranquismo quedaron fuera de la nueva norma. Por eso ahora su ejecutivo ha modificado la ley para introducir una nueva disposición adicional para cubrir a este colectivo de víctimas y ampliar el marco temporal de aplicación hasta el 29 de diciembre de 1978, fecha de entrada en vigor de la Constitución. La modificación indemniza, por ejemplo, a Manuel José García Caparrós, muerto por un disparo de la policía española en una manifestación por la autonomía de Andalucía en Málaga el 4 de diciembre de 1977.
Junts, en contra del veto a los integrantes de banda armada
Pero la norma prohíbe expresamente que puedan ser indemnizados miembros o familiares de miembros de "bandas o grupos armados terroristas". Y esto es, resumidamente, el motivo por el que Junts per Catalunya ha amenazado con votar en contra. Finalmente, se ha abstenido. El encargado de defender la posición del grupo independentista ha sido el diputado Josep Maria Cervera, que ha exigido al ministro de Memoria Democrática y Política Territorial, Ángel Víctor Torres, legislar “sin tener miedo a la complejidad”. Ha argumentado que las bandas armadas ejercían durante la dictadura una violencia legítima porque lo hacían “en defensa de la democracia”. “Reconocer a aquellos guerrilleros no implica glorificar la violencia, sino entenderla en aquel contexto”, ha aseverado. El parlamentario ha abogado por “una memoria democrática, amplia y abierta; no anclada a las voluntades del régimen del 78”.
ERC había pactado con el Gobierno una ampliación de la ley que incluía a los familiares de Puig Antich
Esquerra Republicana sí que ha votado a favor. Porque ha alcanzado un acuerdo con el ministro Ángel Víctor Torres a través del cual el Gobierno se compromete a extender el ámbito temporal de las indemnizaciones hasta el 31 de diciembre de 1938 a través de futuras enmiendas a la norma. El plazo para presentar solicitudes se ampliará a tres años desde la entrada en vigor del decreto, frente al límite actual de un año. Y se flexibilizarán los criterios para evitar algunas exclusiones de casos representativos de la represión: los familiares de Salvador Puig Antich quedan ahora fuera de este reconocimiento y, con el acuerdo entre republicanos y socialistas, podrán estar reconocidos.
Ha anunciado este acuerdo el diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro. Minutos antes, durante el debate sobre el decreto ley, ha denunciado que el texto original “se podría haber hecho mejor”, y ha criticado al ministro Torres por haber redactado la norma sin antes ponerse en contacto “con los grupos parlamentarios sensibles” con esta cuestión.
La letra pequeña del decreto ley
El decreto ley también actualiza la cuantía económica de las indemnizaciones que se había fijado en 2008. Así, las personas beneficiarias podrán ser indemnizadas con 250.000 euros. Se incluyen como perceptores hijos y cónyuges o quienes hubieran convivido con la persona fallecida con análoga relación de afectividad y subsidiariamente, si no existieran los anteriores, los padres, los nietos, los hermanos de la persona fallecida y los hijos de la persona, siempre que, por los mismos hechos, no se hubiera recibido ya indemnización, sin perjuicio de las correspondientes actualizaciones. Para quienes sufrieron lesiones incapacitantes, las cuantías se elevan a 180.000 euros en el caso de incapacidad permanente absoluta, y a 500.000 euros si les causaron una gran invalidez.