El amianto es un enemigo invisible que continúa presente en miles de tejados, naves industriales, tuberías y edificios de Catalunya, a pesar de que hace casi un cuarto de siglo que está prohibido. Este miércoles, el Parlament aprueba una ley pionera que quiere poner fin a este legado tóxico con un objetivo claro: identificar, controlar y eliminar progresivamente un material que la Organización Mundial de la Salud (OMS) relaciona con más de 100.000 muertes cada año en el mundo. La nueva norma es considerada pionera a escala internacional porque, por primera vez, integra en un mismo texto la reparación de las víctimas, la prevención de los riesgos y la erradicación progresiva del amianto. Es el resultado de más de dos décadas de presión de colectivos de afectados, entidades vecinales y profesionales sanitarios que han denunciado los efectos devastadores de una sustancia que muchos consideran una de las peores crisis de salud pública del siglo XX. Según los datos actualizados del censo de cubiertas con fibrocemento de la Generalitat, consultado por la ACN, Catalunya todavía conserva 121.982 tejados con amianto, que acumulan más de 683.000 toneladas de este material cancerígeno. Si se extendieran una al lado de la otra, ocuparían una superficie de 38,6 kilómetros cuadrados, el equivalente a toda la ciudad de Sabadell. El censo, presentado hace dos años como una herramienta para que los ayuntamientos planificaran la retirada del amianto, registra actualmente unos 500 tejados menos que en la primera versión. Aun así, fuentes de Presidencia advierten que los datos no son del todo comparables, ya que la metodología utilizada para elaborar el recuento ha sido revisada.
¿Qué es el amianto y por qué continúa siendo un problema?
Durante décadas, el amianto fue un material estrella de la construcción. Era barato, resistente al fuego, un excelente aislante y se usaba masivamente en tejados de uralita, depósitos, tuberías, fachadas e instalaciones industriales. El problema es que sus fibras microscópicas son altamente cancerígenas. Cuando el material se deteriora, libera partículas invisibles que pueden ser inhaladas y provocar enfermedades graves como la asbestosis, el cáncer de pulmón o el mesotelioma, un tumor especialmente agresivo.
La OMS catalogó el amianto como cancerígeno de primer nivel en 1977, pero España no prohibió completamente su uso hasta 2001. Además, las enfermedades asociadas pueden tardar entre 10 y 50 años en manifestarse, por lo que todavía hoy se siguen diagnosticando nuevos casos. "Es una pandemia silenciosa que ha hecho mucho más daño de lo que la gente comprende", advierte en declaraciones a 3Cat el neumólogo Josep Tarrés, una de las principales voces expertas en este ámbito. Porque el gran problema del amianto es que su peligro no pertenece al pasado. Según los expertos, las fibras que se liberaron hace décadas siguen pasando factura hoy, y el deterioro de muchas instalaciones hace que la exposición ambiental sea, en algunos casos, más elevada que nunca.
¿Qué cambiará con la nueva ley?
La norma que aprobará el Parlament crea por primera vez un marco legal específico para combatir la presencia del amianto en Catalunya. Entre las principales medidas se encuentran la obligación de identificar y retirar progresivamente el amianto presente en edificios e instalaciones, la creación de un Censo Catalán de Materiales con Amianto, la elaboración de censos municipales, la puesta en marcha de un Plan Nacional para la Erradicación del Amianto, la creación de la Comisión Catalana de Erradicación del Amianto para coordinar las actuaciones y la consideración del amianto como residuo peligroso. La ley también establece obligaciones para los propietarios de inmuebles, que deberán mantener los edificios libres de este material e informar de su presencia cuando sea detectada.
Multas de hasta 100.000 euros
Uno de los aspectos más destacados es el régimen sancionador. Las infracciones muy graves podrán comportar multas de hasta 100.000 euros. Además, las administraciones podrán imponer multas coercitivas de hasta 3.000 euros para obligar al cumplimiento de las órdenes de retirada. El dinero recaudado alimentará un nuevo Fondo para la Erradicación del Amianto, destinado a financiar actuaciones de retirada, gestión y sensibilización ciudadana.
¿Cuánto amianto queda en Catalunya?
La magnitud del problema es enorme. Según los datos actualizados de la Generalitat, Catalunya conserva todavía cerca de 122.460 cubiertas con fibrocemento que contienen amianto. Estos tejados suman una superficie de 38,6 kilómetros cuadrados, una extensión equivalente a toda la ciudad de Sabadell. En conjunto, representan más de 683.000 toneladas de material. Pero las entidades que han impulsado la ley alertan de que la cifra real es todavía más elevada si se tienen en cuenta otros elementos constructivos e industriales. Calculan que en Catalunya podría haber cerca de tres millones de toneladas de amianto dispersas en edificios, fábricas e infraestructuras. La vida útil de la uralita, empleada sobre todo en tejados y tuberías, es de unos 30 años. Después se deteriora y se desintegra, y suelta al aire las fibras tóxicas, invisibles e inodoras.
¿Dónde se concentra más el amianto?
El mapa catalán del amianto no es uniforme. Barcelona encabeza la clasificación en términos absolutos, con más de 2.000 cubiertas afectadas y unas 17.000 toneladas de material identificadas. También destacan municipios como Terrassa, Sabadell, Lleida, Manresa, Vic, Reus, Tortosa y Manlleu, que están en la lista de los 10 municipios con más amianto, y se sitúan por delante de ciudades más grandes o más densamente pobladas como l’Hospitalet o Badalona. Muchos de estos municipios comparten una importante tradición industrial, lo que explica la gran presencia de amianto en naves y polígonos. En concreto, aproximadamente el 30% de todo el amianto en cubiertas de Catalunya se encuentra en estos núcleos de actividad económica, según los datos de 2025 de la Comisión para la Erradicación del Amianto. Las áreas más afectadas se concentran en el área metropolitana de Barcelona, la plana de Lleida, el Delta del Ebro y las zonas industriales de Osona y el Bages.
Las diferencias entre municipios también son muy marcadas. Si se mide la cantidad de fibrocemento por habitante, los valores más elevados se registran en poblaciones pequeñas con una importante presencia industrial. Es el caso de Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà), que supera los 3.200 kilos de material por residente, seguida de Gurb (Osona), con 1.579 kilos, y Bellcaire d'Urgell (Noguera), con 1.450. El peso de los polígonos industriales y la baja densidad de población explican estas cifras tan elevadas. En el otro extremo, solo hay dos municipios catalanes donde no se ha detectado ninguna cubierta con amianto: Renau, en el Tarragonès, y Caldes d'Estrac, en el Maresme.
Manlleu y Sitges, en los dos extremos
Entre las ciudades de más de 20.000 habitantes, el panorama es diferente. Aunque los niveles son muy inferiores, Manlleu encabeza la clasificación con 241 kilos de fibrocemento por habitante, seguida de Valls (179 kilos), Tortosa (176), Sant Quirze del Vallès (168), Vic (145) y Amposta (140). Estos datos reflejan el peso que todavía tienen las antiguas instalaciones industriales y agrícolas en algunos municipios.
En el otro lado de la balanza hay localidades como Sitges, que se ha convertido en el ejemplo de una baja presencia de este material. Con cerca de 33.000 habitantes, solo constan una veintena larga de cubiertas con amianto, una proporción muy inferior a la media catalana. Esto la sitúa como una de las grandes ciudades menos afectadas por el legado de la uralita.
Cerdanyola y Ripollet, la "zona cero"
Si hay un territorio que simboliza el impacto del amianto en Catalunya es el Vallès Occidental. Cerdanyola del Vallès acogió durante décadas la fábrica de Uralita y todavía hoy es una de las zonas con más incidencia de enfermedades relacionadas con este material. En algunos puntos, incluso se utilizó amianto en el asfaltado de calles. Ripollet y Cerdanyola se han convertido en un símbolo de las consecuencias sanitarias de una exposición que no solo afectó a trabajadores, sino también a familiares y vecinos.
Una victoria de los afectados
La ley es también el resultado de una larga lucha social. Los extrabajadores de Macosa-Alstom, en Barcelona, fueron de los primeros en organizarse para denunciar los efectos del amianto. Una cuarentena de antiguos empleados han muerto después de haber estado expuestos al material. En 2017 impulsaron una campaña que recogió más de 10.000 firmas para exigir una legislación específica.
El primer gran empujón institucional llegó con la creación de la Comissió per a l'Erradicació de l'Amiant de Catalunya, impulsada por el Parlament. Posteriormente, durante el gobierno de Pere Aragonès, se empezó a tramitar una ley específica, pero el proyecto decayó con la convocatoria anticipada de elecciones del 2024.
Nueve años después, aquella reivindicación llega finalmente al Parlament. A pesar de ello, las entidades impulsoras insisten en que la aprobación de la ley es solo el primer paso. Ahora reclaman inversiones millonarias para retirar de manera segura un material que, a pesar de estar prohibido desde hace 25 años, continúa presente en miles de edificios y continúa provocando nuevas víctimas.