La política de vivienda vuelve a situarse en el centro del debate estatal después del fracaso parlamentario del decreto impulsado por el Gobierno el pasado 28 de abril. La derrota del ejecutivo de Pedro Sánchez, con el voto en contra de Junts, el PP y Vox y la abstención del PNV, no solo hizo decaer medidas como la prórroga de los contratos de alquiler o el límite del 2% en la actualización de rentas, sino que también evidenció una ruptura política profunda entre Junts y Sumar. En este contexto, Junts per Catalunya ha situado sobre la mesa una propuesta alternativa basada en incentivos fiscales y reformas legales, con el objetivo de dinamizar el mercado y facilitar tanto el acceso a la vivienda como su oferta.
Fuentes de Junts reivindican sobre todo la desgravación de la hipoteca, del alquiler y las cuentas de ahorro. "Esto ya existía en 2013 y es asumible", subrayan desde Junts per Catalunya, que considera que desde el PSOE se vería con buenos ojos ante el "fracaso" de las últimas políticas. En una carpeta separada, los juntaires se muestran abiertos a validar la prórroga de los alquileres, aunque piden cambios en el decreto y señalan que tienen dudas sobre que el PSOE quiera volver a presentar esta medida.
Deducciones fiscales: el núcleo de la propuesta
Por un lado, los juntaires han impulsado un paquete como proposición no de ley que pivota sobre la recuperación y ampliación de deducciones fiscales en el IRPF, una herramienta que el partido considera clave para estimular el mercado. En primer lugar, propone una deducción del 15% para la compra de vivienda habitual, incluyendo no solo el precio de adquisición, sino también la amortización del capital, los intereses hipotecarios y los gastos asociados. Esta deducción tendría una base máxima anual de 11.630 euros por contribuyente y se extendería también a las viviendas destinadas a alquiler habitual, siempre que no se trate de arrendamientos turísticos o de temporada.
Además, Junts plantea incentivar el ahorro previo con una deducción del 15% sobre las cantidades depositadas en cuentas específicas destinadas a la primera compra o rehabilitación de vivienda. Estas aportaciones deberían materializarse en un plazo máximo de cuatro años, o bien se perdería el beneficio fiscal. En cuanto al alquiler, la propuesta incluye una deducción también del 15% para contribuyentes con una base imponible igual o inferior a 33.007,20 euros, aplicada exclusivamente sobre las rentas pagadas y con el mismo límite anual de 11.630 euros.
Cambios legales para proteger a los deudores
Más allá de las medidas fiscales, Junts apuesta por reformas legales. Una de las más destacadas es la introducción de un nuevo artículo en el Código Civil que permitiría a los deudores hipotecarios extinguir su deuda cuando esta haya sido vendida a un tercero —como fondos de inversión—, pagando el precio real de cesión del crédito más intereses y gastos. Esta medida pretende corregir situaciones en las que los créditos se venden en paquetes con descuentos significativos, pero los deudores continúan respondiendo por el valor nominal completo. El texto también establece obligaciones estrictas de información para los cesionarios y fija un plazo de 90 días para que el deudor pueda ejercer este derecho, que sería irrenunciable. Paralelamente, se plantea modificar el reglamento del IRPF para ampliar la definición de vivienda habitual, incluyendo los casos de personas que han tenido que trasladarse a residencias o centros sociosanitarios.
Se abren a prorrogar el alquiler
Los juntaires, además, se abrirían a aprobar el decreto de prórroga del alquiler, pero con varios cambios respecto al decreto de Sumar que consideran una "chapuza". Entre estos, destaca que solo se puedan aplicar si los inquilinos están al corriente de pago, así como la posibilidad de que el propietario recupere la vivienda por necesidad propia o familiar, aunque esta cláusula no conste en el contrato original. Además, defiende que los precios se actualicen de acuerdo con el índice de referencia para la actualización de contratos de alquiler (IRAV), impulsado por el propio Gobierno, y quiere evitar que los grandes tenedores puedan esquivar los límites de precios en zonas tensionadas mediante prórrogas contractuales.
El Gobierno lo vería con buenos ojos
Las propuestas de Junts han encontrado en los últimos días una recepción más abierta por parte del Gobierno. En una entrevista a la ACN este martes, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha avalado la activación de incentivos fiscales tanto para la compra como para el alquiler, y ha admitido que los planteamientos de Junts "se parecen" a ideas que el ejecutivo ya había estudiado anteriormente. Rodríguez ha defendido que "las rentas pueden bajar con incentivos fiscales" y ha hecho un llamamiento a la "generosidad" de los grupos para alcanzar un acuerdo. En este sentido, ha recordado que el Gobierno trabaja en medidas como la bonificación del 100% del IRPF para los propietarios que mantengan o reduzcan los precios del alquiler, así como incentivos ya existentes que pueden llegar al 90% en zonas tensionadas si se rebaja el precio.
Este posicionamiento contrasta con el rechazo inicial de Sumar, que consideraba los incentivos fiscales una herramienta “injusta”. No obstante, después del fracaso del decreto, figuras como Ernest Urtasun y Pablo Bustinduy han abierto la puerta a explorar acuerdos en esta línea.