El juzgado número 2 de Tarragona ha citado a declarar, en calidad de investigados por desórdenes públicos, dos concejales de la CUP de la ciudad por los hechos de la huelga del 3 de octubre. Los citados son Laia Estrada y Jordi Martí, vinculado a su vez al sindicato CGT. Además, también están citadas cuatro personas más vinculadas, directa o indirectamente, con la CGT, COBAS, IAC y COS.

La citación judicial, para el próximo 5 de abril, proviene de una denuncia múltiple de los Mossos D'Esquadra a raíz de la huelga general en Catalunya del pasado 3 de octubre

Según los sindicalistas, se trata de un mensaje del miedo para reprimir las protestas ciudadanas y confían en el hecho de que el juzgado lo acabará archivando, ya que la huelga fue pacífica y el atestado policial, según su opinión, presenta errores. Citan, por ejemplo, que la mitad de los denunciados se ocuparon de los trámites administrativos para organizar la huelga pero uno ni siquiera estaba, aunque notificó la manifestación celebrada aquel día.

La citación también ha sido confirmada este jueves por Estrada a través de Twitter. La concejala asegura que se trata de un acto de "discrecionalidad" y que forma parte de "montajes judiciales para atacar el independentismo y la lucha social".

La cola del 'caso Bershka'

Paralelamente, la CUP de Tarragona acusa al alcalde Josep Fèlix Ballesteros y al concejales del PP y PSC de querer cesar a la concejala encausada por sus "discrepancias políticas". El gobierno municipal ha incluido en la orden del día del próximo pleno una propuesta "para declarar incompatible la sentencia del Caso Bershka de Laia Estrada con su cargo de concejala", denuncia la CUP. El partido cree que no es legal que se cese un cargo electo "cuando este no ha entrado en la prisión".

El caso al que hacen referencia tuvo lugar en el 2009, cuando la actual concejala y dos personas más protagonizaron enfrentamientos con la Guardia Urbana de Tarragona durante una protesta contra la "violencia de género" de algunas marcas de ropa. El pasado diciembre, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia de Tarragona, que condenaba a 3 meses de prisión a los jóvenes por atentado contra agentes de la autoridad.