La Generalitat habría recortado el 30% de su aportación al Consorcio de la Vivienda de Barcelona, y no sería un "hecho aislado". Así lo ha denunciado este miércoles el diputado de Catalunya en Comú, David Cid, después de solicitar la comparecencia del vicepresident Pere Aragonès en el Parlament. En este sentido, si el Govern tiene problemas de tesorería, ha considerado "inconcebible" que no se aprueben los presupuestos del Estado. "El supuesto giro social de ERC ni está ni se le espera", ha lamentado.

Concretamente, David Cid ha señalado que la Generalitat ha recortado 2,9 de los 9 millones de euros de su aportación comprometida para el 2018, haciendo recaer más gasto en el Ayuntamiento de Ada Colau. No obstante, ha apuntado que "no es un hecho aislado". Ha argumentado tener constancia de centros de investigación donde se ha recortado el 5% del presupuesto no ejecutado para este año. Ha insinuado que podría haber una instrucción de Pere Aragonès a todos los departamentos.

Por este motivo, los comunes han registrado este martes en el Parlamentosolicitudes de comparecencia del vicepresident Pere Aragonès por la "nueva oleada de recortes", así como de los consellers Damià Calvet como responsable de las políticas de vivienda y Àngels Chacón por los recortes en los centros de investigación.

En esta línea, si la Generalitat tiene "problemas de tesorería", Cid ha considerado "inconcebible" que los partidos independentistas no den apoyo a los presupuestos del Estado, que supondrían 2.200 millones de euros más para hacer frente a estas dificultades. Ha pedido "transparencia" al Departament d'Economía para poder encontrar soluciones.

A pesar de todo, el diputado común ha acusado a Torra y Aragonés de incumplir promesas que hicieron en septiembre, y ha lamentado que no hay "ninguna diferencia" entre JxCat y ERC en política económica. "Parece que tanto Aragonés como Artadi son adictos a los recortes", ha lamentado.

Economia prevé excepciones

Por su parte, el Departament de Territori pidió a Economia poder mantener la aportación de 9 millones de euros al Consorci de l'Habitatge de Barcelona prevista para 2018, de la que quedan por traspasar 2,9 millones. Una instrucción del departamento liderado por Pere Aragonés ordena el cierre de caja para poder cumplir con el objetivo de déficit, pero a la vez también prevé algunas excepciones, por ejemplo en el ámbito de salud. Esto afecta a todas las empresas y organismos que dependen de la Generalitat. Territori reclamó que tanto el consorcio como la Agència de l'Habitatge pudieran acogerse a esta excepcionalidad, y ahora ambos departamentos trabajan para solucionar esta cuestión, según han explicado a ACN fuentes de Territori.

Las mismas fuentes añaden que una vez recibieron la instrucción de Economia, la enviaron a todas las empresas donde participan, incluido el Consorci. Ahora bien, insisten que en paralelo iniciaron las gestiones para evitar el recorte de la aportación. La voluntad, dicen, es cumplir con los compromisos económicos adquiridos.