El Comité de Derechos Humanos de la ONU, que supervisa el cumplimiento de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados, ha recibido una demanda contra España presentada a título particular por el president Carles Puigdemont, según ha confirmado hoy el organismo.
"Podemos confirmar que la Secretaría del Comité de Derechos Humanos ha recibido una comunicación en representación del señor Puigdemont contra España", ha dicho una de las portavoces de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Julia Gronnevet.
Gronnevet ha explicado que este órgano, constituido por expertos independientes y que se reúne en Ginebra, verificará si el expediente "cumple con los requisitos mínimos para ser registrado", y en este caso, eso será transmitido a España. No obstante, esta "no será una decisión sobre su admisibilidad", ha aclarado la portavoz, y ha añadido que no podía proporcionar más información, ya que es un procedimiento confidencial.
Además de verificar periódicamente que los Estados cumplen con esta Convención, el Comité de Derechos Humanos es competente para examinar quejas individuales contra los Estados, siempre que el Estado denunciado haya ratificado el primer protocolo adicional a la Convención, cosa que España hizo en 1985. Las quejas tienen que estar directamente relacionadas con la violación por parte del Estado de los derechos y libertades protegidos por la Convención. Si al final de todo el procedimiento un Estado es encontrado culpable, el Comité le pide que ponga remedio a la violación.
En Bruselas, el abogado de Puigdemont, el británico Ben Emerson, ha anunciado hoy la presentación de esta denuncia delante del Comité de la ONU para denunciar la presunta "violación" de sus derechos por parte del Estado español, y ha dicho que esperaba que el organismo "admita" el caso en un periodo máximo de un mes.
También ha estimado que el de su cliente es un caso "urgente" y que cada mes emprenderá una nueva acción "en el marco de una estrategia legal internacional" para revertir las supuestas violaciones de los derechos civiles y políticos de Puigdemont, prófugo de la justicia española en Bélgica.