La comisión que tiene que revisar la tipificación de los delitos sexuales a raíz de la sentencia de La Manada no empezará a trabajar hasta que la estructura que la conforma sea "equilibrada" entre hombres y mujeres. Eso es lo que han acordado los integrantes durante la primera reunión celebrada este jueves. "Hasta que eso no pase y haya una reestructuración, no estaremos en condiciones de asumir el encargo del Ministerio de Justicia", explicaba uno de los integrantes en la salida de la comisión, Enrique Penaranda.

El Ministerio de Justicia ha hecho el encargo en este órgano consultivo a fin de que revise qué cambios se pueden introducir en el código penal con respecto a los delitos de abuso y agresión sexual. La Comisión General de Codificación —en la sección penal— está formada de manera permanente por 19 hombres y 1 mujer.

Ante las críticas, el ministerio incorporó a tres mujeres juristas como vocales adscritas para abordar esta reforma concreta. Desde la comisión, sin embargo, piden que se amplíe el número de vocales permanentes y que haya un equilibrio real entre los dos sexos para abordar esta y otras reformas que puedan venir más adelante. La comisión está formada por 20 personas actualmente pero la cifra de vocales permanentes puede llegar a 30.

En un comunicado, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, hace suya la propuesta de la comisión y apunta que ya va "en la línea" de lo que venía trabajando el ministerio cuando decidió incorporar tres miembros más de manera provisional para este caso concreto.

Tres incorporaciones temporales

La tres juristas incorporadas son la catedrática de Derecho Penal de la Universidad San Pablo CEU, Avelina Alonso de Escamilla, la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Carlos III, Carmen Lamarca Pérez, y la letrada de las Cortes Generales y exdelegada del gobierno español para la violencia de género, Blanca Hernández Oliver.

El encargo a la comisión finalizaba el 15 de junio, cuando los expertos tenían que tener a punto el estudio para valorar cambios en el Código Penal de los delitos de agresión y abuso sexual. Los miembros, sin embargo, han asegurado que no empezarán a trabajar en la materia hasta que se haya hecho realidad la reestructuración, cosa que podría retrasar la elaboración del informe.