El colectivo de juristas Praga ha rechazado la acusación contra los cinco miembros de la sindicatura electoral del 1-O por desobediencia y usurpación de funciones. El colectivo considera que, después de un año de instrucción de la causa, la acusación no tiene claro qué tipo de desobediencia imputar a los acusados.
Los juristas consideran que a la acusación "le falta seriedad" y muestra, una vez más, "la utilización política" de los instrumentos del estado de derecho para combatir la delincuencia usados para someter a "personas decentes" y sin relación en causas penales "retorcidas".
El Col·lectiu Praga tampoco encuentra adecuada la acusación por usurpación de funciones, ya que argumentan que si en su momento el legislador no consideró ilegal el referéndum, no es posible imputar este delito porque participar en el referéndum no es punible.
Además el colectivo considera que la causa pretende atemorizar a los receptores de la misma y se trata de una prueba más de la represión política hacia ciudadanos y políticos catalanes por la realización del referéndum de independencia.
Por último, el colectivo expresa toda su solidaridad y apoyo con los miembros encausados, de los cuales cuatro son profesores universitarios y dos, Marc Marsal y Josep Pagès, forman parte del mismo grupo de juristas.