Carlos Silva (Impulso Ciudadano) y Ana Losada (Assembly for bilingual Education), los dos colaboradores de la entidad unionista Sociedad Civil Catalana, han denunciado este martes en la Eurocámara lo que consideran como una situación de "discriminación lingüística" en Catalunya.

La petición de Silva se centra en las multas en comercios para la rotulación mientras que la de Losada aborda los "efectos" del sistema de inmersión lingüística. Los dos ciudadanos han comparecido ante la Comisión de Peticiones de la cámara para pedir a las instituciones europeas que se involucren delante de lo que consideran es una "vulneración de derechos" de los castellanohablantes.

Después de las dos comparecencias, la presidenta de la comisión parlamentaria, la sueca Cecilia Wikström, ha decidido mantener abiertas las dos peticiones, si bien los representantes de la Comisión Europea presentes han considerado que los aspectos a que se refieren son "competencias del Estado". Además, tal como han pedido los peticionarios y algunos eurodiputados, se enviará una carta a las "autoridades regionales" en la cual se hará referencia a la sentencia del Tribunal Supremo del 2015 que avala que un 25% de las clases sean en castellano si un alumno lo pide.

En una atención a los medios previa a la comparecencia, Ana Losada ha defendido que se aproveche el 155 para "hacer cumplir la ley" y se envíe una circular a los centros educativos el nuevo curso para que incluyan en sus planes un 25% de las asignaturas en castellano. Por su parte, el eurodiputado de ERC Josep Maria-Terricabras, ha negado que haya "ningún tipo de discriminación" y ha recordado que la inmersión lingüística fue votada por el PP y ha sido "muy aplaudida por organizaciones internacionales" y por la misma Unión Europea.