El Col·lectiu Praga ha anunciado que se están preparando querellas contra "los que participen" en la presentación del recurso al Tribunal Constitucional contra la candidatura de Carles Puigdemont a la investidura. Según este colectivo de juristas favorables al derecho a decidir, los promotores de este veto incurren en el delito de prevaricación, y vulneran el artículo 542 del Código Penal.

Este artículo señala que la autoridad o el funcionario público que, sabiéndolo, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo y cargo público por el tiempo de uno a cuatro años.

Según el Col·lectiu Praga, la decisión del president del Parlament, Roger Torrent, de proponer a Puigdemont como candidato a la investidura "no es recurrible".

En el tuit, donde dice artículo 452 debe decir 542.

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