Con una retórica pretendidamente equidistante, tildándolo de "batallas entre rojos y azules", Ciudadanos se ha desmarcado de la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, el mausoleo a las violaciones de los derechos humanos. La excusa ha sido el uso de un decreto ley por parte del gobierno de Pedro Sánchez, y Albert Rivera ha adelantado que no lo apoyarán en el Congreso de los Diputados. Esta, sin embargo, no es la primera vez que el partido evita tomar posición en asuntos relacionados con la memoria histórica. La relación de Ciudadanos con el franquismo está marcada por los vetos, las abstenciones y, también, las contradicciones.
Sin ir más lejos, en mayo de 2017 la formación unionista votó a favor de una proposición no de ley en el Congreso, presentada por el PSOE y que también reclamaba la exhumación del cadáver del dictador. Justamente lo que quiere hacer ahora el gobierno español. Aquella iniciativa fue aprobada con el voto favorable de todos los grupos y la abstención del PP. En aquel momento Rivera defendía el traslado de Franco porque "estamos convencidos de que hay que aplicar la ley", en referencia a la ley de memoria histórica.
Esta, sin embargo, ha sido más bien la excepción a la norma. En otras ocasiones, el partido de Albert Rivera se ha abstenido o ha vetado iniciativas que buscaban profundizar en la memoria histórica, provocando que no tiraran adelante. El caso más reciente es de marzo de este año, cuando la Mesa del Congreso, con los votos del PP y Ciudadanos, impidió la tramitación de la proposición de ley del PSOE para reformar la ley de memoria histórica.
Foto: EFE
Juzgar los crímenes del franquismo
La reforma socialista pretendía que el Estado asumiera la localización, identificación y exhumación de más de 100.000 represaliados durante la Guerra Civil y el franquismo enterrados en fosas comunes y cunetas. También contemplaba garantizar las indemnizaciones a las familias de los muertos en defensa de la democracia. Ciudadanos compró entonces el argumento del gobierno de Rajoy, que decía que supondría un aumento de los créditos presupuestarios de más de 213 millones de euros.
Aquel mismo mes, Ciudadanos volvió a cerrar filas con el PP y también con el PSOE para tumbar la modificación de la ley de amnistía. La iniciativa fue impulsada por Podemos y sus confluencias, ERC, el PNV, el PDeCAT, Compromís, Bildu y Nueva Canarias, y quería abrir la puerta a poder juzgar los crímenes del franquismo en el Estado español. El bloque del 155, que votó en contra, respondió que la Constitución española prohíbe la retroactividad, y que por lo tanto no podrían sentar a los responsables de los crímenes en el banquillo de los acusados.
La condena a Companys
En noviembre del año pasado, la formación de Albert Rivera también se abstuvo en una proposición de ley del PDeCAT que declaraba ilegítimos los tribunales constituidos durante la Guerra Civil y el franquismo, y nulas sus sentencias. La propuesta tiró adelante gracias al voto favorable del resto de grupos, que superaron el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos.
Un par de meses antes, el Congreso también declaró nula la condena a muerte al president Lluís Companys, en una proposición no de ley acordada por el PSOE y el PSC. Recibió los votos a favor de Unidos Podemos y el PDeCAT. Ciudadanos se abstuvo. El PP y ERC votaron en contra. Los republicanos vieron rechazada su enmienda con la que querían que las sentencias de los tribunales franquistas fueran consideradas "nulas de pleno derecho", y no sólo "ilegítimas".
La actuación de Cs en estos casos es especialmente flagrante. Por aquellas mismas fechas, en junio de 2017, el pleno del Parlament de Catalunya aprobó una ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo que anulaba todos los juicios —63.961 consejos de guerra entre 1938 y 1978— del franquismo. Aquella iniciativa fue aprobada por unanimidad, también con los votos de Ciudadanos y el PP.
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Fundación Francisco Franco
En febrero de 2017, la comisión de Interior del Congreso de Diputados aprobó una proposición no de ley de Unidos Podemos que instaba al gobierno español a investigar la Fundación Nacional Francisco Franco. La entidad de homenaje al dictador acababa de enviar cartas a varios ayuntamientos españoles ofreciéndoles asesoramiento legal para enfrentar las denuncias por incumplimiento de la ley de memoria histórica.
De nuevo, el PP y Ciudadanos volvieron a votar en contra. El diputado de Cs Saúl Ramírez defendió la existencia de la fundación, aunque este año la formación se ha mostrado abierta a ilegalizarla (comparándola con las "asociaciones separatistas"). "Cuando leo la propuesta de Unidos Podemos no veo ningún indicio de ilicitud penal, por eso no entendemos este rencor y esta malevolencia innecesaria", decía Ramírez.
Disparidad de criterio por todo el Estado
Fuera del Congreso, el franquismo y la memoria histórica también han sido unos temas tabú para Ciudadanos. Uno de los casos más polémicos es el de la ciudad aragonesa de Calatayud. En octubre de 2010, el 'no' del PP y la abstención de Ciudadanos a la moción del PSOE evitó que se le retirara la medalla de oro a Franco. Era el tercer intento en vano. El gobierno municipal socialista se amparaba en la obligación de cumplir la ley de memoria histórica, pero volvió a fracasar.
La justificación que hizo Albert Rivera era bastante ilustrativa. El presidente de Ciudadanos explicó que no lo habían apoyado porque no estaban a favor de abrir "un debate sobre la memoria histórica". "Queremos que la Transición sea el punto de partida, no hay que hacer enmiendas a la totalidad", afirmaba. Describió la Transición como un "acuerdo entre los españoles", según el cual "no había vencedores ni vencidos".
En el resto del Estado, el posicionamiento de Ciudadanos en relación a la memoria histórica ha sido un reflejo de su posicionamiento español: disparidad de criterio. Mientras en el 2016 el Parlament balear aprobaba por unanimidad la ley de fosas, con el apoyo de Cs, en 2017 se abstenían en la ley de memoria histórica de Andalucía. El motivo argumentado por Ciudadanos y el PP era la visión crítica de la Transición que tenía la norma andaluza.
En Madrid, en cambio, la muleta entre Ciudadanos y el PP vetó en mayo de 2016 una iniciativa de Podem y el PSOE para colocar una placa conmemorativa en la fachada de la Puerta del Sol. Pretendía rendir homenaje a los que fueron detenidos y torturados durante el franquismo, cuando era la sede de la Dirección General de Seguridad de la dictadura.
En el Parlament, también
Las mismas contradicciones se han hecho evidentes en el Parlament de Catalunya, la cámara donde nació en 2006 y desde donde se extendió al resto del Estado. Si bien en junio de 2017 votó con el resto de grupos a favor de la anulación de los juicios franquistas entre 1938 y 1978, no siempre ha sido este el posicionamiento de la formación cuando se han llevado al pleno asuntos relacionados con la memoria histórica.
Ya durante su primera legislatura en el Parlament, en 2007, fue el único grupo parlamentario, junto con el PP, que se opuso a la creación del Memorial Democràtic. Dos años más tarde, el subgrupo también se abstuvo en la ley de fosas del tripartit. Recibió un apoyo unánime de 114 votos a favor de 135, con la sola oposición del PP. En su intervención en el hemiciclo, el diputado Rivera advertía sobre el "peligro" de "politizar" la ley. La valoraba positivamente, pero pedía tener "muy en cuenta que no podemos caer en errores del pasado".
Pero el momento más recordado de Ciudadanos en el Parlament en relación a esta cuestión tuvo lugar el 10 de octubre del 2013. Aquel día, sus nueve diputados abandonaron la cámara cuando se votaba una moción presentada por ICV. El texto condenaba la dictadura de Francisco Franco. Inés Arrimadas, que entonces era diputada, defendió que se tenía que incluir una condena al terrorismo. La escena de la estampida quedó registrada.