Un total de dieciséis vecinos del barrio La Floresta de Sant Cugat tendrán que comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Rubí por su presunta implicación en el corte de la C-16 en el marco del paro de país que tuvo lugar el pasado 8 de noviembre. Según ha explicado Joan Rosés, portavoz de los afectados, les investigan por un delito de desorden público, que podría suponer penas de entre tres meses y tres años de prisión.

Rosés ha revelado que durante la acción de protesta los Mossos d'Esquadra no identificaron a ninguno de los participantes. "Lo que hicieron fue coger la matrícula de los vehículos que estaban aparcados por allí cerca y enviar la citación a los titulares de estos automóviles", ha explicado un vecino, que ha advertido que no se trata de una prueba lo bastante concluyente. Está previsto que, coincidiendo con las declaraciones, se haga una acción de apoyo a los afectados en la puerta de los juzgados de Rubí.

Joan Rosés ha explicado que después de los hechos del 1 de octubre un grupo de vecinos de La Floresta se organizaron y participaron en varias de las acciones de protesta que se llevaron a cabo a lo largo de la jornada del 8 de noviembre por todo el país. "Una de las acciones fue el corte de la C-16, solo en sentido Barcelona y después de la última salida, para que quien quisiera dar media vuelta lo pudiera hacer", indica el vecino de La Floresta.

Rosés asegura que en aquella iniciativa participaron una cuarentena de personas, aunque la policía solo ha citado a declarar dieciséis vecinos. "No identificaron a nadie aquel día y lo que hicieron fue apuntar las matrículas de los coches que estaban aparcados en las inmediaciones", señala. En esta línea, critica la medida y advierte que el hecho de que alguien tuviera el coche aparcado cerca no quiere decir que estuviera tomando parte en el corte.

Asimismo remarca que se les investiga por un delito de desórdenes públicos, que supone penas de entre tres meses y tres años de prisión. "No tiene sentido porque, como norma general, este delito implica daños a personas u objetos, y eso no ocurrió".

Los vecinos han hecho público un comunicado en el que han afirmado que "la causa iniciada desde varias instancias judiciales llega en el punto de querer hacer callar a todas aquellas personas que, ante la represión, salieron a la calle para decir que no tenían miedo", apuntan.

Coincidiendo con la primera jornada de declaraciones, que tendrá lugar el próximo 7 de marzo e incluirá ocho de los investigados, se hará una concentración de apoyo en la puerta de los juzgados de Rubí. La segunda cita será el 15 de marzo.