Christophe Marchand, miembro del equipo de abogados del president Carles Puigdemont en Bélgica, ha asegurado a España ha posicionado como un estado criminal a nivel internacional". El letrado, en una entrevista al programa Preguntes Freqüents, ha hecho un análisis el caso 1-O y se ha mostrado convencido de que la causa de los presos políticos y los exiliados llegará a juicio a los tribunal internacionales y "lo ganaremos".

 

Marchand, uno de los letrados encargados de la querella contra el magistrado Pablo Llarena en Bélgica, se ha mostrado muy crítico con la actuación del juez del magistrado del Tribunal Supremo. Así ha recordado que con su comportamiento ha dado muestras de parcialidad, como las declaraciones a la conferencia ovetense o dejarse ver cenando con rivales políticos. Eso, ha explicado, se puede llevar a juicio en Bélgica. "Cuándo hay un error en España pero afecta en Bélgica es puede juzgar en Bélgica", ha asegurado, porque "estamos en la UE, con unas únicas reglas".

El letrado ha insistido que la querella contra Llarena no es un ataque al poder judicial español. "Atacamos las declaraciones del juez Llarena, las que echó del trabajo, que demuestran parcialidad", insiste.

 

Marchand, que ha indicado que la justicia belga está funcionando muy bien tanto los casos que afectan en el gobierno como en el cantante Valtònyc, se ha mostrado convencido de que el Tribunal Supremo condenará por rebelión a los presos políticos. "Está escrito desde el momento que la fiscalía entró la querella a la Audiencia Nacional".

El abogado ha destacado la mala imagen que se está ganando la justicia española por el caso 1-O. "Todos los juristas se ríen cuando oyen que hay políticos presos. Se piensan que se una broma", ha asegurado.

Marchand sostiene que "en España se vulneran los derechos humanos de los presos políticos" y también de los exiliados. "Es lo que hemos visto cuando hemos recibido el caso", afirma el letrado que asegura que hay bastantes pruebas de vulneración de derechos fundamentales. Y denunció que hay una criminalización del pueblo catalán "que ya no nomas afecta los políticos que se encuentran en la prisión".