Día agitado en la Fiscalía General del Estado con la mirada puesta en la aplicación de la ley de amnistía. Y se vislumbra en el horizonte una tensión latente entre Álvaro García Ortiz y los fiscales del Tribunal Supremo que participaron en el juicio del procés. Por un lado, Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena siguen oponiéndose a incluir la malversación en el perímetro de la ley y, por lo tanto, son contrarios a amnistiar la malversación que se atribuye a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras esgrimiendo que tuvo ánimo de lucro y que afectó a los intereses financieros de la Unión Europea. Por otro lado, el fiscal general, que esta mañana se ha reunido con Zaragoza y Moreno, ha hecho una petición directa a los cuatro fiscales: que redacten un informe jurídico (llamado “informe procesal”) que responda concretamente a las cuestiones que han planteado Manuel Marchena y Pablo Llarena, según informan fuentes fiscales a ElNacional.cat. Las mismas voces subrayan que García Ortiz en ningún caso les ha dicho en qué línea debe ir el informe, ya que el fiscal general opta por no posicionarse todavía. Todo ello llega horas después de que la ley de amnistía se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado.
📝 El escrito de los fiscales del Supremo: llevar la amnistía al TJUE y mantener la orden de detención de Puigdemont
¿Y por qué el fiscal general pide un nuevo dictamen? Álvaro García Ortiz considera que el documento que le remitieron hace dos semanas aborda la ley de amnistía en “general” y no sirve para contestar los requerimientos del Tribunal Supremo. Más bien planteaba una serie de cuestiones sobre las que los fiscales del Supremo ni siquiera son competentes, como la presentación de cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o sobre la presunta inconstitucionalidad de la ley. Ahora pide un dictamen jurídico y no de opiniones.
Por lo tanto, el siguiente paso en la acelerada cronología será la elaboración de este nuevo informe que ha solicitado el fiscal general del Estado. Una vez los fiscales hayan presentado su informe, en el que reiterarán que Puigdemont y Junqueras no pueden ser amnistiados por malversación, el fiscal general revelará su posicionamiento. Se da por hecho que será favorable a amnistiar a los líderes del procés. En caso de que su razonamiento sea contrario al de los fiscales del Supremo, tendrá que hacer un informe argumentando su tesis con “argumentos jurídicos”, señalan fuentes fiscales. En caso de que los fiscales del Supremo no compartan la conclusión de Álvaro García Ortiz, que es el escenario más posible, podrán recurrir al artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal: se convocará la Junta de Fiscales de Sala, que tendrá que debatir el informe de los fiscales del procés y el del fiscal general. Y aquí podría llegar el choque. García Ortiz escuchará todas las posiciones y manifestará su criterio definitivo, que “podrá coincidir o no con la opinión mayoritaria”, según apuntan a ElNacional.cat fuentes fiscales. Y es que el fiscal general siempre tiene la última palabra.
Una vez él haya dicho cuál es la tesis que defenderá la Fiscalía, quedarán dos caminos posibles. Un escenario es que los fiscales del Supremo lleven un informe firmado por ellos dejando constancia de su discrepancia y explicitando que lo están haciendo por aplicación del artículo 27. El otro escenario es que el fiscal general del estado sustituya a los fiscales por otros que defiendan su tesis. “No es una decisión arbitraria, todo está en el Estatuto”, remachan las mismas voces. El artículo 27 es claro: “Si el superior se ratificase en sus instrucciones, lo hará por escrito razonado con la expresa relevación de las responsabilidades que pudieran derivarse de su cumplimiento o bien encomendará a otro fiscal el despacho del asunto a que se refiera”.
Una última consideración: todo este proceso debe resolverse en cinco días hábiles, que es el plazo que han fijado Marchena y Llarena a las partes para pronunciarse sobre la “aplicabilidad o inaplicabilidad” de la amnistía en sus respectivas causas. Por tanto, el día máximo para que la Fiscalía tenga una postura definitiva es el martes 18 de junio.
Los fiscales del Supremo, contrarios a amnistiar la malversación
En el escrito que presentaron hace diez días, los fiscales del Supremo sostenían que en la malversación que se cometió en la organización del referéndum del 1-O hubo un enriquecimiento “político y patrimonial” de los encausados, hecho por el que sotienen que no se puede amnistiar. En este sentido, esgrimían que en el 1-O del 2017 “el beneficio patrimonial existió” porque, “con ánimo de lucro, se apropiaron de los fondos públicos” y “los dedicaron de acuerdo con su beneficio político, personal y patrimonial a solucionar las obligaciones ilegalmente contraídas con los adjudicatarios de los contratos públicos abiertamente inconstitucionales”. Además, argumentaban que la amnistía “afecta a los intereses financieros de la UE en el marco general de la lucha contra la corrupción”.
Pablo Llarena pide prestar “particular referencia” a la malversación
Quien hoy también ha puesto la lupa sobre la malversación ha sido Pablo Llarena. En su providencia, de tres páginas, pide a las partes que presten una “particular referencia” a si los hechos pueden “considerarse excluidos del ámbito de aplicación de la ley por la específica previsión del legislador recogida en el artículo 2.e”. Concretamente, el precepto que cita Llarena es el que excluye del perímetro de la ley “los actos tipificados como delitos que afectarán a los intereses financieros de la Unión Europea”.