Mariano Rajoy creía haber recuperado a un aliado en Pedro Sánchez, una vez superado el "no es no" que sumergió a España en un año de inestabilidad política en 2016. Elogios en público sobre la "lealtad" del socialista, en oposición al "aprovechategui" Albert Rivera. Apelaciones a la "satisfacción" con el PSOE, quien no haría "declaraciones extemporáneas" —a modo de reproche contra la formación naranja—. E, incluso, la posibilidad de un acuerdo en determinados pactos de estado —financiación, agua, pensiones—, para arrinconar a Ciudadanos y relanzar así al bipartidismo. Pero el contraataque del secretario general con la moción de censura supone ya una puñalada en uno de los momentos más delicados de la era Rajoy, a causa de la sentencia de la Gürtel, que amenaza con acelerar su salida.

Y es que casualmente, o no, su continuidad al frente del Ejecutivo y del PP es una de las preguntas de los periodistas que quedó sin responder en la comparecencia de este viernes. El silencio contrastaba con la elocuencia del Rajoy que dos días antes se había dicho "animado", en una entrevista radiofónica, sobre la posibilidad de reeditar en 2020. El hecho es que la moción de censura supone ya un acelerador a la guerra sucesoria en las filas populares, aunque esta no llegase a prosperar, por las profundas implicaciones que la rodean y el nerviosismo de los barones ante la crecida de Cs en los sondeos.

En primer lugar, está el impacto mediático de la sentencia de la Gürtel y la necesidad social de buscar un "responsable político" dentro del PP, según el PSOE, pese a que el jefe del ejecutivo recordó que él no dirigía el partido en 2003. En segundo lugar, el hecho de que el tribunal del caso dudó de la "credibilidad" del testimonio de Rajoy, cuando declaró el 26 de julio de 2017 ante la Audiencia Nacional que estaba exento de las responsabilidades económicas y solo conocía las políticas. En última instancia, todo lo que suena a corrupción debilita al partido conservador y estimula la pujanza de Cs.

Si bien, no es descartable que esta moción prospere, a diferencia de la del líder de Podemos, Pablo Iglesias, en 2017.

De momento, contaría con los votos de Podemos, Compromís y Nueva Canarias, además de los partidos independentistas, ERC y el PDeCAT, que cederían su apoyo con "condiciones" de rectificación, después de que el secretario general ha endurecido la línea en los últimos días al tildar al president Quim Torra de "xenófobo". La abstención del PNV sería esencial y los vascos dicen que lo "estudiarán", aunque la formación jeltzale acaba de aprobar los presupuestos generales del Estado a Rajoy y sitúa la barrera muy por encima de lo que Ferraz puede aceptar: reformular el modelo territorial.

Por su parte, el secretario general pretende elecciones "cuanto antes mejor", una vez se hayan satisfecho tres grandes objetivos: la regeneración democrática, la agenda social y la normalización de las instituciones. En realidad, es el tiempo que necesita el PSOE para remontar unas encuestas a la baja desde el julio anterior, y no se espera que se convocaran inmediatamente. Ello se debe a que los comicios autonómicos y locales serán obligatoriamente en mayo de 2019 y el resultado del PSOE se perfilaría como determinante para decidir la convocatoria.

De ese modo, los socialistas desafían a Rivera, quien exige a Rajoy elecciones, consciente de que podría aprovechar el filón para intentar superar definitivamente al PP. Ahora bien, Cs no secundará una moción que incluya a "populistas y separatistas". Pero la rendija ya está abierta y, así haya elecciones antes o después, Cs es consciente de que los movimientos sísmicos de la trama de corrupción forzarán más pronto que tarde una renovación en la dirección popular, con el riesgo de engullir a su rival. Eso, si antes el político catalán no da el golpe en la mesa y decide deshacerse del presidente.

El hecho es que Sánchez, con la moción de censura, podría haber puesto en riesgo mucho más que a Rajoy o la continuidad del actual Gobierno. Hace unos días se insinuaba una voluntad en el PP de acercarse al PSOE y darle prioridad en grandes temas de Estado. Esta unión parece en jaque ahora, porque, según el líder popular, Sánchez quiere ser "presidente a cualquier precio". El distanciamiento podría dificultar la negociación de la financiación autonómica y otras cuestiones, y devolvería al bipartidismo a la casilla inicial de confrontación, alentando a sus adversarios.