Se sabe muy poco sobre la bautizada como Operación Judas contra los CDR. El secreto de sumario, que sólo parece saltarse la Fiscalía y la Guardia Civil, mantiene el secretismo. Más allá de filtraciones parciales a medios de comunicación, apenas se sabe que se les acusa de terrorismo, que dejaron a dos en libertad y que ni siquiera les aplicaron la ley antiterrorista. Y que, según el juez, "existen indicios" de que formarían parte de un grupo terrorista llamado Equipos de Respuesta Táctica (ERT), del que nadie había oído hablar antes. Casualmente el nombre se parece al Equipo Táctico de Respuesta y Rescate de la Guardia Civil que entró rompiendo puertas en casa de los hoy encarcelados en Soto del Real.

Un repaso a la prensa editada en Madrid ya nos da una pista del escenario donde alguien quiere situarlo todo: el País Vasco de los años de plomo. En el quiosco de este sábado había desde La Razón entrevistando a supuestos guardias civiles en Catalunya, diciendo que "ya es peor que el País Vasco", hasta el ABC asegurando que "Torra planeó con los CDR tomar el Parlament después de la sentencia del 1-O". Mientras tanto, Albert Rivera se ha ido esta semana al cuartel de Vic, donde atentó ETA, para reclamar pluses para estar destinado en el Principado. Incluso desde Moncloa exigen al presidente Quim Torra que condene un "potencial" terrorismo del que nadie sabe nada cierto. Tenemos los precedentes de Tamara Carrasco y Adri, que acabaron en nada.

En el País Vasco ya se sabe cómo acabó todo esto, en términos policiales y judiciales. Existía una organización terrorista, bien real, pero después el juez Baltasar dio un paso más allá y creó lo que se llamó el "entorno de ETA", contra el que este mismo septiembre de 2019 se ha hecho el último macrojuicio. Todo lo que estaba "en torno a ETA" era ETA. Eso se tradujo en una persecución con consecuencias tangibles: desde decenas y decenas de detenciones y encarcelamientos de activistas que ni estaban en la organización ni tenían delitos de sangre, hasta cierres de diarios de la izquierda abertzale o ilegalizaciones de partidos políticos, hecho que ayudó a la investidura del socialista Patxi López como lehendakari. Todo dejando de lado recortes de libertades y vulneraciones de derechos humanos, como los miles de casos de tortura indiscriminada documentados por el prestigioso forense Paco Etxeberria, del Instituto Vasco de Criminología.

ara al caso vasco, el Estado llegó a elaborar un plan de actuación amplio, que iba mucho más allá de la organización. En los 80, en pleno años de plomo de ETA, el Ministerio del Interior, bajo las órdenes de José Barrionuevo y Rafael Vera (después condenados por los GAL), ideó el llamado Plan ZEN (Zona Especial Norte), al que ha tenido acceso El Nacional. Contemplaba, entre otras cosas, una amplia estrategia comunicativa para combatir la banda y su "entorno". Se puso en marcha en 1983, el mismo año que el terrorismo de Estado de los GAL empezó a matar.

En el documento hay algunos paralelismos con la actuación contra el independentismo catalán en general y los CDR en particular. Otros están para ver si se dan. En todo caso, este era el Plan Zona Especial del Norte. La organización terrorista, el bautizado como ERT, parece que ya la han encontrado.

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"Basta que sea creíble"

En este plan, la estrategia comunicativa era determinante. Ya lo advertía en la introducción del renombre "acción psicológica" (el más voluminoso del documento): "El problema tiene, por lo tanto, vertientes policiales, pero es básicamente un problema de comunicación". Todo tenía que estar coordinado: "Las acciones psicológicas aisladas escasamente pueden dar los resultados apetecidos si no se adoptan dentro de un marco más amplio, en el que encuentran acomodo también las medidas políticas, policiales y judiciales, con las que tiene que estar en perfecta simbiosis y coordinación". El plan contemplaba cuatro grandes ámbitos: el político, el social, el legal y el policial. Pero al final todo iba de crear un relato y acompañarlo.

Esta "acción psicológica" iba dirigida contra "grupos de jóvenes, familiares de presos, enemigos de la democracia y recalcitrantes independentistas". Los medios de comunicación eran entonces y hoy el principal mecanismo para la creación de un relato. Es por este motivo que una de las acciones que contemplaba el plan ZEN era el de "dar informaciones periódicas, a través de terceros --o potenciar las que surjan--, que difundan enfrentamientos entre terroristas, sus ideologías foráneas, sus negocios sucios, sus costumbres criticables, etc". Y a continuación añadía: "Basta que la información sea creíble para explotarla".

Otra de las acciones previstas era la de "conseguir que se publique periódicamente en órganos de difusión vasca" artículos y entrevistas a dirigentes políticos, culturales, religiosos o deportivos "que reflejen el respeto a las opiniones ajenas, que a nadie se le puede quitar la vida por sus ideas, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la Constitución, el interés por la convivencia pacífica, etc". Especial atención merecían los medios locales: "Potenciar o premiar la publicación periódica de reportajes en los diarios vascos-navarros que evidencien los beneficios económicos, energéticos, etc. que reciban de otras gentes de España y los hechos históricos y culturales comunes".

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"Familiarizar con la presencia policial continuada"

El plan ZEN contemplaba una serie de objetivos dirigidos a "la población". Entre los objetivos, "convencer al ciudadano de que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están para protegerlo y darle seguridad o conseguir que la población (especialmente los familiares de los detenidos o presos) se convenza de que los detenidos obtienen un trato digno". Una de las principales acciones: "Repetir constantemente la idea de fondo: la Policía sufre acciones de violencia, por ser un impedimento para quienes pretenden imponer por la fuerza un sistema contrario a la tradición cultural vasca y al respeto a la libertad y derechos de los demás". Por otra parte, el documento subrayaba la necesidad de "familiarizar la población con las presencia policial continuada, hasta llegar a personalizar a los policías".

En este sentido, en el capítulo dedicado a los cuerpos policiales del Estado, el plan de Barrionuevo y Vera planteaba una serie de pluses como los que plantea hoy Albert Rivera. El objetivo era "conseguir que los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado deseen ir destinados a la Zona Norte, superando los dos años de permanencia". Es por eso que contemplaba la aprobación de un "plan de incentivos" para los policías nacionales y guardias civiles que aceptaran desplazarse al País Vasco y Navarra. Como curiosidad, una acción incluida en este apartado era "recomendar que no se expidan bebidas alcohólicas de elevado grado en los bares de las instalaciones policiales".

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El objetivo también era convertir todo en terrorismo. "No obstante la subsistencia de la legislación especial antiterrorista, sería conveniente la introducción, paso a paso, de los supuestos terroristas en la legislación penal común", aseguraba el documento. La meta era atacar el movimiento independentista vasco evitando que se conviertieran en presos políticos: "Este movimiento paulatino de la consideración del terrorista como delincuente político a vulgar criminal comporta grandes dificultades de todo tipo. Como dato podemos señalar que sólo un 15% de la opinión pública de la zona vasca navarra considera a los terroristas como delincuentes comunes".

Más allá de la Zona Norte

En una intervención en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados, en junio de 1983, el ministro José Barrionuevo anunció que pondría en marcha planes de seguridades similares al ZEN en el resto del Estado. En el caso de Catalunya, llegó a plantearse un "plan ZEC" (Zona Especial Cataluña) que empezaría por Barcelona y se iría extendiendo con el tiempo a zonas del Principado donde los "grupos radicales catalanes" tienen más arraigo.

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