El CDR juzgado este lunes en Barcelona por un delito de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad, ha negado completamente que se lanzara la botella de vidrio contra la policía y que pusiera contenedores en medio de la calle, en un relato exculpatorio en el cual, igual que su mujer, ha defendido que la manifestación transcurrió en un ambiente pacífico. Por el contrario, el fiscal ha pedido un total de 6 años de prisión al activista.

En la sección segunda de la Audiencia de Barcelona ha quedado hoy visto para sentencia el juicio contra Lluís M. E., para quien la Fiscalía pide 6 años de prisión por los delitos de atentado a la autoridad y desórdenes públicos, y contra su mujer, Eulàlia R.P., que afronta una petición de 2 años de prisión por desórdenes públicos.

Los testigos  de la Fiscalía, agentes de los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Urbana de Barcelona, han corroborado la versión de la Fiscalía y han asegurado que los dos acusados protagonizaron los incidentes que los han llevado a juicio.

Según la Fiscalía, los dos acusados provocaron incidentes en la concentración que se convocó por las redes sociales el 25 de marzo del 2018 en Barcelona, horas después de que la policía alemana detuviera al president en el exilio, Carles Puigdemont, sobre quien pesaba una orden internacional de extradición por un delito de rebelión por su papel durante el 1-O.

En la concentración, que reunió a unas 3.000 personas ante|delante de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona, Lluís M. supuestamente lanzó una botella de vidrio contra un cordón policial, que si bien no impactó contra ningún agente sí tocó una de las furgonetas de la policía.

Ante esta situación, sostiene la Fiscalía, los Mossos d'Esquadra se vieron obligados a efectuar cargas con sus porras y lanzar salvas para garantizar su posición, dado que algunos de los concentrados lanzaron artefactos incendiarios, pinturas, basura y objetos contundentes y levantaron barricadas delante de la Subdelegación del Gobierno.

Concentración de apoyo

Durante el juicio cerca de un centenar de personas se han reunido delante del TSJC para pedir el absolución de los dos acusados ya que, según ellos, manifestarse no es un delito, y por lo tanto no se les pueden pedir penas de prisión. Una vez han salido de los juzgados, todos los concentrados han aplaudido a los dos acusados.

Además, varios representantes políticos, como el presidente Puigdemont y el presidente del Parlamento, Roger Torrent, han mostrado su apoyo a los acusados y han asegurado que manifestarse no es un delito y que por lo tanto los dos acusados no tendrían que estar siendo juzgados.