Los siete miembros de los CDR ya han pasado a disposición judicial. Según informan fuentes judiciales, a las once de la mañana han empezado las declaraciones de los detenidos ante el juez de instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón. Fueron detenidos este lunes en un macrooperativo policial, la Operación Judas, y están acusados de terrorismo, después de que la Fiscalía haya retirado los cargos de rebelión y tenencia de explosivos. Han declarado de uno en uno durante tres horas. El caso está bajo secreto de sumario y trasciende muy poca información.

Cinco de los detenidos han sido asistidos por el colectivo antirrepresivo Alerta Solidària, que han solicitado tener acceso a algún expediente con información sobre la causa, pero les ha sido negado. Sólo saben los cargos que les imputan, pero no los indicios que tienen en contra de ellos.

La cosa se ha torcido en estas últimas horas. Según se ha filtrado, dos de ellos declararon ante la Guardia Civil que había comprado y probado explosivos. No obstante, fuentes de las defensas denuncian que "no fueron asistidos debidamente". El interrogatorio ante el juez y el del fiscal Miguel Ángel Carballo ha empezado justamente por estos dos.

Según han explicado fuentes próximas, los detenidos están "cansados, muy impactados y preocupados por su situación", ante la posibilidad que les puedan aplicar medidas cautelares, pero están tranquilos porque "no han hecho nada". El trato en la comandancia de la guardia Civil en Tres Cantos (Madrid) ha sido correcto.

Los siete acusados han llegado hacia las siete de la mañana en la Audiencia Nacional en un vehicle de la Guardia Civil, provenientes de la comandancia del cuerpo armado en Tres Cantos (Madrid), donde han pasado las últimas tres noches. La Fiscalía les acusa de formar parte de un "grupo terrorista de índole secesionista catalán". Desde el lunes han estado en la comandancia de Tres Cantos, a la espera de pasar a disposición judicial, pero sin aplicarles la ley antiterrorista.

Antes del interrogatorio los abogados de la organización Alerta Solidària se han podido reunir con cinco de los detenidos, que llevan ellos. Los otros dos restantes tienen abogados de oficio. Son estos los los que habrían confesado durante el interrogatorio de la Guardia Civil su intención de cometer sabotajes por la sentencia del 1-O.