En La Moncloa pasan de puntillas por encima la sentencia del TJUE sobre la inmunidad de Oriol Junqueras, que también ha tenido efectos inmediatos sobre Carles Puigdemont y Toni Comín, ya acreditados como eurodiputados. Este viernes, la portavoz en funciones Isabel Celaá ha evitado grandes valoraciones sobre las decisiones judiciales europeas, ni ha querido aclarar qué hará la Abogacía del Estado en sus alegaciones. En el terreno político, sin embargo, sí que ha prometido cambiar de etapa y dejar atrás la judicialización. "No convirtamos en obstáculo lo que no lo es y no lo tiene que ser", ha reclamado a los republicanos, siendo conscientes de que lo complica todo. Por esto es todo prudencia.

Con las negociaciones congeladas, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes, la dirigente socialista ha admitido que "determinadas fuerzas independentistas la percibieron como una victoria personal" y que esto "establece algún obstáculo". Por eso ha pedido que eso no sea un "obstáculo" y que se separen los ámbitos de la política y la justicia. "Si durante mucho tiempo hemos afirmado que se estaba judicializando la política, ahora que podemos tener un camino político, ¿lo judicializaremos?", se ha preguntado. "Sigamos por el camino político", ha instado. Ha sostenido que, por parte del PSOE, "no será ningún obstáculo para seguir construyendo políticamente el encuentro". 

En este sentido, Isabel Celaá se ha tenido que aferrar a las palabras de Oriol Junqueras pidiendo que no se detengan las negociaciones con el PSOE por la investidura. "Seguimos trabajando en el ámbito político en el ámbito de tener un gobierno cuanto antes mejor; mejor la semana que viene que la otra", ha insistido. "Si es compartido por la otra parte, esto llegará a buen puerto", ha señalado.

La portavoz en funciones ha sido preguntada de forma reiterada por el rol que adoptará la Abogacía del Estado, después de que el Supremo haya abierto un plazo de presentación de alegaciones. Y Celaá no lo ha dejado claro, se ha limitado a decir que ayudará a hacer cumplir esta resolución, sin especificar cómo. Por ahora, ha insistido, los servicios jurídicos del Estado están estudiando la decisión judicial "detenidamente". En todo caso, actuará "por los principios de legalidad y buscando el interés general". Cuando se haya tomado una decisión, ya se informará."Volvamos al camino de la política, que es el nuestro," no se ha estado de decir.

La dirigente socialista ha lamentado que la situación actual es "resultado de un tratamiento inadecuado de problemas políticos a través de ámbitos judiciales", responsabilizando al gobierno de Mariano Rajoy. Ante esta vía, ha insistido en su propuesta de "diálogo dentro de la ley". En todo caso, ha dejado claro que no contemplan "ningún plan B".