La Mesa del Congreso ha desestimado este miércoles el informe de los letrados y ha acordado que el catalán, el aranés, el vasco y el gallego se puedan empezar a utilizar de forma oral ya a partir de la semana que viene, en el pleno del 19 de septiembre. Así, se ha impuesto la propuesta de la presidenta de la cámara, Francina Armengol, de apresurarse en el cumplimiento de uno de sus compromisos para conseguir su presidencia. Se trata, todo, de un simple acuerdo que comportará la contratación de los mismos traductores que actualmente trabajan en el Senado expresamente para los plenos de la semana que viene en el Congreso. Los traductores tendrán que traducir simultáneamente a través del pinganillo de los parlamentarios las lenguas que sean cooficiales en los diversos estatutos autonómicos; y los diputados también podrán hacer uso de lenguas como el asturiano, que no son oficiales, pero sí que se consideran parte del patrimonio del Estado. Pero, en estos casos, el diputado tendrá que hacer una "autotraducción al castellano", tal como informan fuentes de la presidencia de la cámara baja.
Será precisamente en el pleno del martes, el día 19 de septiembre, cuando la cámara vote en trámite de urgencia la reforma del reglamento del Congreso que permite el uso de las lenguas cooficiales. Se trata, precisamente, de una fecha que coincide con la celebración del Consejo Europeo que decidirá sobre la oficialidad del catalán en las instituciones europeas. Entonces, informan fuentes de la presidencia del Congreso, se iniciará un proceso lento para crear toda la infraestructura en la institución para normalizar el uso de estas lenguas de la misma manera que se hace uso del castellano. Será, una vez reformado el reglamento, cuando los grupos podrán empezar a presentar escritos en estas lenguas, por ejemplo.
Ante la Mesa había este miércoles un informe de los letrados no muy favorable a hacer una reforma exprés del reglamento del Congreso. Los servicios jurídicos de la cámara consideraron "muy difícil, si no imposible", aplicar "de forma inmediata o a corto plazo" una reforma rápida de la normativa de esta institución a fin de que el catalán, el aranés, el vasco y el gallego se puedan utilizar con la misma normalidad que el castellano; tanto de manera oral como en la presentación de escritos.
En este informe, los letrados avisaron de que la implementación de la nueva normativa haría "replantear los procedimientos" tal como están concebidos actualmente. En otras palabras: los servicios jurídicos de la cámara enfriaron las aspiraciones de Francina Armengol de cumplir cuanto antes mejor la exigencia de Junts per Catalunya para hacerla presidenta del Congreso de los Diputados y de la insistencia de Esquerra Republicana para que haya un acuerdo en esta dirección. Eso no quiere decir que se hayan opuesto firmemente: admitieron a trámite la propuesta de reforma, sin oponerse tampoco a debatirlo en tramitación directa y en lectura única. Pero su aplicación, opinan los letrados, podría tardar más tiempo del previsto.
¿Qué decía exactamente el informe de los letrados?
Los letrados presentaron un informe en el que reconocen "a los diputados un derecho general a utilizar sin limitaciones y en todos los ámbitos de la actividad parlamentaria" las lenguas cooficiales con el castellano de los diferentes territorios del Estado español. Pero señalaban que "la aplicación de sus términos, de forma inmediata o a corto plazo, resulta muy difícil, si no imposible".
"Y eso porque la reforma planteada afecta de manera integral a todos los procedimientos, así como todos los plazos reglamentarios y, además, todo el funcionamiento del Congreso", decían los letrados, que llegaban a decir que, "en garantía de la seguridad jurídica y del 'ius in officim', sería necesario replantear todos los procedimientos parlamentarios, tal como los mismos están actualmente configurados."
Los letrados apuntaban que el reconocimiento del uso exclusivo de las lenguas cooficiales diferentes al castellano "precisa inexcusablemente" de mecanismos de traducción e interpretación en esta lengua. "Desde el mismo momento que se permita utilizar las otras lenguas, será necesario asegurar, por un lado, la comprensión del debate y el objeto de este, y por otro, dotar de validez jurídica llena y 'erga omnes' a las iniciativas sobre las que se discute y que, eventualmente, resulten aprobadas y, más ampliamente, en todos los documentos, cualquiera que sea su naturaleza, que tengan que ser tramitados en la cámara," especificaba la nota de los servicios jurídicos.