El catalán se acerca a la "muerte clínica" en el ámbito judicial, según ha advertido la Plataforma per la Llengua este jueves. Lo ha hecho el presidente de la entidad, Òscar Escuder, quien ha destacado que se ha pasado del 25% de las sentencias en catalán el año 2001 al 8,4% el año 2015. Escuder ha añadido que eso es "una vertiente más de la anomalía que representa el catalán" en el contexto de países democráticos.

Es por eso que la Plataforma ha presentado la campaña 'La Justícia, en català!' que permitirá que toda la ciudadanía conozca con detalle "las discriminaciones que sufre el catalán a la justicia" y pueda ejercer sus derechos lingüísticos. El objetivo final es que la campaña envíe una sentencia simbólica a los poderes judiciales del Estado español para pedir con respecto a la lengua.

El caso de la jueza de Olot

Justamente este jueves, coincidiendo con la presentación del informe y de la campaña, se ha retirado la amonestación a la jueza de Olot Ana María Caballero Muñoz por haber despreciado el catalán. El representante del Consejo de la Abogacía Catalana, Josep Cruanyes, ha valorado con "indignación" la anulación de la sanción, destacando que "es grave" que una administración de justicia "desprecie los derechos civiles".

"Estamos ante una democracia que no asume la obligación de hacer suya la oficialidad de la lengua" y que "prácticamente considera una desconsideración el uso de este derecho", ha dicho Cruanyes. Para él, si el órgano máximo toma este posicionamiento, significa que hay una "impunidad por el respeto de este derecho", ya que anulando esta sanción, se "refuerza" la actitud de la jueza.

Cruanyes ha manifestado que cuando se ataca directamente este derecho hay "indefensión", ya que, desde que la Constitución y el Estatut tenían que hacer efectivo el uso del catalán en la administración de justicia, "no sólo no han puesto medios", sino que "cuando se vulnera el derecho, no se hace nada".

Los obstáculos del catalán

Según la Plataforma per la Llengua, los obstáculos que se encuentra el catalán, es que a menudo el personal del sector judicial es de procedencia foránea y que nadie les ha "exigido" el catalán para poder ejercer. Además, otro obstáculo que identifican es que la redacción de la mayoría de procedimientos judiciales que hacen los oficiales por defecto es en castellano, hecho que "desprecia" el principio de igualdad de las dos lenguas oficiales.

Por otra parte, dentro de los obstáculos que impiden el uso del catalán también resaltan las restricciones que tiene el ciudadano cuándo se dirige a la justicia, el material de trabajo de los operadores jurídicos, que en su gran mayoría están redactados en castellano, y el uso del catalán en las escuelas jurídicas, donde "ni siquiera en Barcelona" es posible hacer la formación jurídica en catalán, entre otros.

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