El ministro de JusticiaRafael Catalá, ha dicho este viernes por la noche, que la querella por prevaricación anunciada por la Mesa del Parlament contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena supone una "amenaza y un intento de coaccionar" el instructor de la causa contra el Govern Puigdemont.​

Además, considera que una institución "plural" que representa a todos los catalanes no puede gastar dinero público en un caso así. Según el ministro, la cámara está "fuera del ámbito razonable" de una "institución plural como el Parlament" donde, ha asegurado, "se está haciendo apropiaciones por parte de minorías".

En declaraciones a los periodistas al llegar a un acto en la delegación del gobierno español en Catalunya, el ministro ha considerado esta querella una "desautorización" a los letrados del Parlament, que "le han dicho a Torrent que no es razonable tomar iniciativas penales que estén fuera del ámbito razonable" de la institución. "Presentar querellas contra los jueces se acerca mucho a las amenazas e intentos de coacciones", ha asegurado Catalá, que ha recordado: "Cuando alguien está en desacuerdo con una decisión judicial la impugna conforme los procedimientos judiciales".

Catalá ha mantenido que "lo que está pasando en Catalunya es impropio de una sociedad adelantada y europea del año 2018", y ha aludido a las personas que "tienen que ir con escoltas porque los están amenazando", en referencia a la seguridad con la cual contó Llarena en su visita a Catalunya.

El ministro también ha insistido en que la decisión de interponer la querella es "de bajísima calidad democrática", y ha añadido sobre Torrent: "Si además está utilizando recursos públicos para alguna cosa que no le corresponde, corre el riesgo de estar cometiendo un delito de malversación de fondos públicos". "Han sido avisados por los letrados del Parlament, por lo que cada uno asumirá sus responsabilidades", ha concluido Catalá.

Con respecto a la situación de Carles Puigdemont en Alemania, Catalá también ha dicho que la fiscalía española ha dado y dará más información y datos a la fiscalía alemana para conseguir la extradición por el delito de rebelión.

En este sentido, Catalá ha recordado que la fiscalía alemana inicialmente asumió la posición de Llarena y ahora, antes de que el tribunal regional tome la decisión definitiva, la fiscalía española, mediante el mecanismo de coordinación Eurojust, está dando más información y datos para intentar acreditar la supuesta violencia de los independentistas.

En todo caso, ha dicho que aceptarán la decisión final de los tribunales alemanes, que también deberán tener en cuenta las alegaciones de la defensa, recordando que la primera decisión judicial atribuía a Puigdemont un posible delito de malversación, y según Catalá, aseguraba que no se habían limitado sus derechos políticos y sí había actuado para alterar el orden constitucional español.