El Estado estira la palanca de freno de la judicialización de la política en el marco de la Operación Diálogo, al menos desde la retórica. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado este lunes en el Congreso que precisamente ese sería uno de los objetivos del Ministerio. "La política no se ejerce en los juzgados. No están para resolver discrepancias ideológicas. Los políticos hacemos política en el parlamento", ha dicho. Pero el ministro no ha tardado en matizar sus palabras unos minutos más tarde. "Que estemos en un nuevo tiempo no quiere que decir las administraciones no vayan al Tribunal Constitucional cuando hay conflictos competenciales" aseguró.

Según fuentes del ministerio, lo que quería decir el ministro es que se podía llegar a acuerdos siempre en el marco de la legalidad española. "Hay que cumplir la ley", recordaba. Si bien, sus palabras topan con aquello que la ministra de Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, expuso hace unos días, cuando ofreció a las autonomías reducir los conflictos en el TC. 

Así las cosas, el momento en el que el ministro de Mariano Rajoy ha hecho alusión directa al proceso ha sido cuando la diputada del PDECat, Lourdes Ciuró, pidió sobre de qué forma garantizaría el diálogo. Catalá ha respondido entonces asegurando que desde el 2010 se habría mantenido con el Gobierno de la Generalitat un diálogo permanente y ha denunciado la postura del independentismo. "Sólo le gusta a usted el diálogo si atendemos las peticiones de la contraparte. Referéndum sí o sí, no sé si de es alguien que quiere dialogar, o está buscando contrapuntos para encontrarse", ha zanjado.

Ciuró ha aprovechado también la comparecencia para pedir sobre algunas cuestiones que quedaron sin resolver respecto del nombramiento de José Manuel Maza como nuevo Fiscal General. La cuestión es que el propio Catalá había anunciado entre los periodistas hace un tiempo que quería la continuidad de la predecesora de Maza, María Consuelo Madrigal. No fue así, y a la pregunta incisiva de la diputada, Catalá ha relatado el proceso de nombramiento y validación sin profundizar en el tema. Aun así, existen teorías sobre un gesto de lavado de cara de la Fiscalía frente al independentismo, como expuso El Nacional.

Finalmente, Ciuró ha denunciado que Catalá hubiera reivindicado la presunción de inocencia del jugador de fútbol del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, cuando "no lo había hecho" con el expresident Mas i exalcalde de Barcelona, ​​Xavier Trias, cuando les estallaron unos presuntos escándalos en campaña electoral. "Siempre he reivindicado la presunción de inocencia, es algo que como sociedad tenemos que hacer" ha cerrado Catalá al respecto.

A su vez, la diputada de ERC, Esther Capella, ha lamentando la reducida presencia del catalán en la Administración de Justicia. El ministro le ha respondido recordando que había llegado a un acuerdo con el consejero Carles Mundó para garantizar las pruebas de acceso a la abogacía en catalán y ha añadido que "estaría limitando las opciones" si el uso del idioma fuera más extenso como requisito.

Un cambio de rumbo

El ministro asistía a petición propia y de algunos grupos de la cámara a la Comisión de Justicia para exponer los ejes principales del Ministerio los próximos años, que se prefiguran como un cambio profundo del rumbo respecto de la política anterior.

Agilidad. El ministro ha subrayado la voluntad de reducir los litigios, denunciando "la alta litigiosidad de la cultura española", motivo por el cual ha apostado por procedimientos "más modernos y eficaces" como los de arbitraje. Estos consisten en proporcionar mediadores a las partes, antes de llegar a los tribunales. Además, ha propuesto reformar los procesos, como el civil y el penal, mediante la nueva ley de Enjuiciamiento Criminal que se quiere impulsar en esta legislatura. Al respecto, ha subrayado la voluntad de mejorar las tareas de coordinación con la policía judicial y sustituir la figura del juez instructor, "un anacronismo" a su parecer, por la figura del fiscal investigador, en los juicios.

Mayor dotación. "Hacen falta más recursos, una nueva convocatoria de nuevas plazas en la oferta de empleo pública" ha dicho Catalá, además de apostar por la creación de una oficina judicial más próxima al ciudadano. Asimismo, ha considerado que hacía falta especificar temáticamente a la Fiscalía para evitar la sobrecarga de tareas que tienen lugar en algunos organismos de la judicatura.

Transformación digital: "La digitalización de la Justicia no es una opción, es una obligación", ha insistido. El Ministerio de Justicia se compromete a impulsar un mayor traspaso de los procesos judiciales en el entorno online. En ese sentido, la medida estrella del Ministerio será la del Registro Civil "100% de administración pública y sistema gratuito", como ha indicado. La medida iría orientada a derogar la obra de su predecesor, Alberto Ruiz Gallardón, también en el ámbito de las tasas judiciales. Sobre estas, Catalá se ha comprometido a revisarlas para cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional que impide gravar la cobertura judicial.

Para las personas y los profesionales. Catalá ha reiterado la voluntad de luchar contra la violencia de género, ahora que el Congreso ha aprobado un Plan Nacional al respecto. Asimismo, se compromete a impulsar medidas de protección de los menores. En el ámbito de los profesionales, se pretende dar a los jueces más poder a la hora de escoger a sus vocales en el Consejo General del Poder Judicial. También quiere revisar el sistema de elección de jueces en el Tribunal Supremo, y suprimir la posibilidad de que los parlamentos autonómicos escojan magistrados para las salas de Penal y Civil, para el Tribunal Superior de Justicia. ​

Independencia de la justicia. El ministro se compromete a combatir las puertas giratorias, así como la corrupción y los indultos, la politización de la justicia y la judicialización de la política.