El magistrado Pablo Llarena ha decidido dictar la orden de prisión provisional sin fianza para Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Carme Forcadell y Dolors Bassa.

varios furgones de la policía española les han llevado a las prisiones de Estremera, ellos, y Alcalá Meco, ellas. Todos ya han estado.

La fiscalía ha pedido la medida cautelar. VOX también. Si ayer el ministerio público tenía dudas sobre si pedir prisión o no, y estaban valorando el riesgo de huida, que Marta Rovira hoy no haya comparecido y que haya anunciado vía carta que se marchaba al exilio, les ha hecho decidir de golpe.

Las acusaciones han pedido la prisión ante el riesgo de reiteración delictiva y riesgo grave de huida. Y Pablo Llarena argumenta lo mismo en el auto de prisión. El juez aprecia un grave riesgo de fuga y de reiteración delictiva en los procesados "derivado de la grave punición a la cual se enfrentan por su eventual responsabilidad penal por rebelión, en un momento en que las sospechas que se plasmaban al inicio del proceso son hoy indicios racionales y firmes de la posible perpetración de unos hechos que presentan una determinada consideración delictiva y de la participación que en ellos han podido tener los procesados".

Los cinco procesados más Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, ya no saldrán hasta que se haga el juicio. Y lo más probable es que estén años en la prisión, si los condenan por rebelión, como ha fijado el magistrado en su escrito de procesamiento.

Llarena, con un escrito de escasas 10 páginas, encierra, por lo tanto, en la prisión a todos los procesados por rebelión a excepción de los cuatro que están en el exilio: Carles Puigdemont, Marta Rovira, Toni Comín y Clara Ponsatí. Dice que no se los cree y aprovecha para decir que Jordi Turull no puede asistir mañana a la segunda vuelta de la votación del pleno de su propia investidura.

Turull, Rull, Romeva, Forcadell y Bassa están procesados por rebelión. A algunos de ellos también los juzgarán por malversación. Este hecho, sumado a que se han presentado a las elecciones y que accedieron al acta de diputados da argumentos para el riesgo de la reiteración delictiva. El principal aval que ha utilizado hasta ahora Llarena para no dejar salir a los que están en la prisión: Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

La no comparecencia de Marta Rovira también ha sido clave, ahora para valorar además del riesgo de reiteración delictiva el riesgo de huida.

De nada ha servido que Forcadell y Bassa ayer renunciaran a su acta de diputadas. De hecho, Llarena lo minimiza en el auto de prisión: "Sin perjuicio de que algunos de los procesados han renunciado a su acta de diputados (Dolors Bassa, así como Carme Forcadell i Lluís), todos ellos han compartido la determinación de alcanzar la independencia de una parte del territorio nacional. Y no puede eludir que la aspiración, en sí misma legítima, se ha pretendido satisfacer mediante instrumentos de actuación que rompen las normas prohibitivas penales y con apoyo de un movimiento social, administrativo y político de gran extensión".

Todos, a excepción de Carme Forcadell, ya pasaron un mes en la prisión. La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dictó la orden el 2 de noviembre. Los consellers entraron en Estremera y las conselleres en Alcalá Meco. El mes de diciembre, el día 4, el primer día de la campaña electoral, Pablo Llarena levantó la medida para todos a excepción de Junqueras y Forn.

Carme Forcadell también pasó una noche en la prisión. Todavía era presidenta del Parlament cuando fue al Supremo a declarar como investigada. La Fiscalía le impuso una fianza de 150.000 euros, la más alta impuesta en este caso, para no entrar en la prisión. Pero la hora en la que salió la resolución hizo imposible evitar que entrara.

Los argumentos de Llarena

Pablo Llarena dice textualmente que "no se aprecia en su esfera psicológica interna un elemento potente que permita apreciar que el respeto a las decisiones de este instructor sea permanente, ni por su consideración general en el papel de la justicia, ni para que acepten la presunta ilegalidad de la conducta que determina la restricción de sus derechos". El magistrado, según este fragmento del auto, no se los cree.

No se cree los relatos que han argumentado en cada una de sus declaraciones sobre su voluntad de no reiterar el delito ni lo que han dicho hoy en el último turno de palabra cuando se han desvinculado de la decisión de Marta Rovira, que no ha comparecido y que se ha marchado a Suiza.

En su escrito, Llarena dice que "expresan los procesados presentes que su comparecencia delante el Tribunal es expresión del posicionamiento contrario que trata de conjurar y que no se puede adoptar una resolución en función del comportamiento procesal que hayan podido adoptar a otros encausados. El alegato es razonable. La consideración del riesgo de fuga de los encausados debe hacerse en análisis de las circunstancias personales que los afectan y estas vienen presididas por haber comparecido ante este instructor en todas las ocasiones han sido "llamados".

Dice claramente que no se los cree: "Lamentablemente, es de imposible percepción cuál pueda ser la voluntad interna de los procesados, por lo cual se tiene que recurrir a una serie de elementos externos que permitan construir un juicio razonable de pronóstico, y no sólo respecto de su voluntad presente, sino de la eventualidad de que esta pueda modificarse con ocasión del propio desarrollo de la causa".

Y se muestra implacable: "Si bien es cierto que los procesados han comparecido ante el Tribunal cuando han sido llamados, la investigación también ha reflejado su clara insurrección a las decisiones de la autoridad judicial, las cuales han desatendido de manera contumaz y sistemática durante los últimos años. Esta constatación coexistió con el convencimiento de que existían razones que les proporcionaban legitimación para enfrentarse a este acatamiento de las decisiones judiciales".

Tampoco le valen los argumentos de la renuncia a la vida política, ya que considera que el referéndum y el camino para la proclamación de la república era un propósito de equipo, de grupo organizado: "Si a esta pluralidad de planes de actuación se une, como se indica también en el acto de procesamiento, que el designio al cual se incorporaron desde un inicio preveía (Libro Blanco) continuar con la actuación ilícita tan pronto como se recuperaran las instituciones autonómicas que hayan sido intervenidas, se puede concluir que el riesgo de reiteración existe aun la renuncia al acta de diputado".

Y cita directamente el Libro Blanco: "Decía el Libro Blanco: 'Incluso en el caso extremo de suspensión del autogobierno, esta suspensión no podría tener carácter indefinido y mucho menos definitivo y, por lo tanto, la voluntad popular y la voluntad institucional podrían seguir manifestando una vez recuperada la autonomía y el funcionamiento ordinario de las instituciones'. La actuación de los últimos meses no permite obtener la convicción de que se haya abandonado la intención de algunos partícipes de devolver a anormal funcionamiento de las instituciones y, no conjurando este riesgo, tampoco se desvanece la posibilidad de prestar una colaboración desde diferentes ámbitos del parlamentario, tal como ya ha ocurrido incluso respeto de una de las procesadas, teniendo en cuenta que Carme Forcadell inició la ejecución de estos hechos como presidenta de la entidad soberanista ANC, y continuó como presidenta del Parlament de Catalunya después. La medida cautelar garantiza así el acertado retorno del autogobierno".

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