La consellera de Justícia, Ester Capella, ha dicho este jueves por la tarde que trabajará para reparar los derechos fundamentales vulnerados de los jóvenes de Altsasu, después de reunirse con familiares de los jóvenes condenados por la Audiencia Nacional española a importantes penas de prisión por agredir a guardias civiles en un bar de la localidad navarra. Así, ha asegurado que el Govern "no es refractario al sufrimiento de las personas", y ha dicho que, como en el caso de los políticos catalanes presos, "cuando se aplica la ley donde no toca, se vulneran derechos fundamentales".
Después de una media hora de encuentro con media docena de familiares, agrupados en la asociación Altsasu Gurasoak, Capella ha explicado que tenía interés en conocer de primera mano su "experiencia y sufrimiento". Así, ha dicho que la ley antiterrorista sólo se tiene que aplicar en los casos previstos por la propia ley y si se aplica de forma indebida, se vulneran los derechos de los afectados. Por eso, no descarta facilitar reuniones de los familiares con otros representantes institucionales y colaborar institucionalmente en todos los ámbitos para facilitar la reparación de los derechos vulnerados.
Por su parte, Isabel Pozueta, una de las familiares, ha lamentado la situación "injusta" de los jóvenes condenados a penas "desproporcionadas", algunos de los cuales llevan cerca de dos años en prisión preventiva. Pozueta ha explicado que han intentado hablar con todos los partidos, pero el PP y UPN se han negado, pero ha agradecido la solidaridad y el apoyo de los gobiernos vasco y navarro, así como las reuniones con grupos del Congreso, en Bruselas y en Estrasburgo.
Por eso, también ha agradecido "la empatía del pueblo catalán" por la manifestación del pasado 16 de junio de rechazo a la sentencia, y ha comparado la situación de los jóvenes con la de los políticos independentistas catalanes presos.