La defensa de Eusebi Campdepadrós ha presentado un recurso de súplica contra la admisión a trámite por parte del TSJC de una querella de la fiscalía por desobediencia contra Roger Torrent y parte de su Mesa del Parlamento. La causa está abierta por haber permitido debatir sobre la monarquía y la autodeterminación. El recurso de Campdepadrós defiende que la mera concurrencia de una resolución contraria a derecho no es suficiente para imputar un delito y abrir un procedimiento penal contra una autoridad, según un reciente auto del Supremo sobre el llamado caso Carmen Lamela. Además, apunta que las providencias del TC que tenían que obedecer los miembros de la Mesa fueron dictadas por un tribunal parcial y tendrían que ser anuladas.
El recurso apunta que en el relato de hechos de la fiscalía no se aporta "absolutamente ningún indicio que contradiga que Campdepadrós actuó en el convencimiento de que su actuación estaba correcta y ajustada a derecho", en la medida en que con ella "se estaba garantizando la libertad de expresión de los diputados".
Además, asegura tener "sólidas razones para considerar" que su interpretación prevalecería una vez el caso llegara a Estrasburgo, donde recuerda que se han producido "varias condenas en España para intentar restringir la libertad de expresión". De hecho, Campdepadrós ya tiene presentada una demanda contra el Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Un tribunal parcial
Por otra parte, el recurso también argumenta que las providencias del TC supuestamente desobedecidas fueron dictadas por un tribunal "parcial", ya que uno de los magistrados, Antonio Narváez, se ha visto obligado a abstenerse de todas las causas independentistas al tener un "interés directo o indirecto".
Con todo eso sobre la mesa, la defensa pide una resolución diferente a la admisión a trámite del recurso de la fiscalía y que la dicte un tribunal con una composición diferente "para garantizar la necesaria imparcialidad".
La querella
El TSJC admitió a trámite la querella de la fiscalía contra el expresidente del Parlamento Roger Torrent y los miembros soberanistas de su Mesa Josep Costa, Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado por haber permitido el debate de dos resoluciones sobre autodeterminación y la monarquía. La fiscalía los acusa de desobediencia por haber admitido a trámite y permitido que se debatiera al pleno el texto de dos resoluciones, una el 12 de noviembre del 2019 y la otra el 26 de noviembre del 2019, a pesar de las advertencias de los letrados de la cámara porque eso podía vulnerar la prohibición del Tribunal Constitucional.