La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, afronta el encuentro que mantendrá este jueves con el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés (ERC), como una reunión de cortesía, que se enmarca dentro de la normalización de relaciones entre el Estado y el Govern catalán iniciada a partir del encuentro entre el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, y el president, Quim Torra, han informado fuentes gubernamentales.

La cita se produce a petición de Aragonés, que por cuestiones de agenda previas debía desplazarse a Madrid y ha querido aprovechar para verse con Calvo. Pero el Gobierno entiende que el diálogo entre ambas instituciones para avanzar en la resolución de conflictos pendientes debe darse en el seno de las Comisiones bilaterales previstas en el Estatut y que Sánchez y Torra acordaron reactivar en su encuentro de este lunes en Moncloa.

Según avanzó anoche en la Cadena ser la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, quien por parte del Gobierno se situará al frente de la Comisión bilateral Estado Generalitat, es su intención convocar un encuentro para continuar el diálogo iniciado por Sánchez y Torra antes del mes de agosto.

Desde Barcelona, la portavoz del Govern, Elsa Artadi,*que pertenece al PDeCat, ha generado expectativas en torno al encuentro del jueves entre Calvo y Aragonés. Según ella, Aragonès acudirá con la lista de 45 puntos con la que Carles Puigdemont fue a reunirse con el entonces presidente Mariano Rajoy y que la Generalitat ve como "incumplimientos".

Así, y siempre según Artadi, el vicepresidente catalán reclamará que se cumplan varios compromisos que el Ministerio de Interior asumió hace un año con los Mossos d'Esquadra, como mayor financiación y permitir su presencia en órganos policiales de ámbito internacional.

También ha explicado que insistirá en la reclamación histórica de que la Generalitat pueda gestionar el 0,7 del IRPF que se dedica a finalidades sociales y pedirá que el Gobierno facilite que el Parlament pueda recuperar las leyes sociales que aprobó en la pasada legislatura y que el Gobierno de Mariano Rajoy impugnó total o parcialmente ante el Tribunal Constitucional