Declaraciones relámpago esta mañana en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Menos de 20 minutos ha estado el conseller de Interior, Miquel Buch, y Neus Lloveras, alcaldesa de Vilanova i la Geltrú. Los dos eran los presidentes de la Asociación Catalana de Municipios y del Associació de Municipis per la Independència, respectivamente.

Están acusados de desobediencia por tres correos electrónicos que enviaron las dos entidades a los ayuntamientos.

Hoy han declarado que las entidades son privadas y han negado que dieran ninguna orden política a los alcaldes para que dieran apoyo al referéndum organizando la infraestructura en sus municipios. Han explicado que lo que querían era "escenificar el apoyo político de los alcaldes".

Solo han respondido las preguntas del juez porque solo ha hecho preguntas el juez, aunque la querella viene de la fiscalía.

Neus Lloveras ha explicado por qué se enviaron los tres correos y qué pretendían. Miquel Buch solo ha habido de justificar dos correos, porque el segundo no se envió desde el AMI.

Argumentan que respetaron en todo momento la autonomía de los ayuntamientos y que el ACM no es una entidad independentista, y que se enviaron los correos a todos los asociados.

Entre los correos enviados hay el decreto de convocatoria del referéndum, un informe de los secretarios e interventores y el cartel publicitario del referéndum. Tanto Buch como Lloveras han explicado que se trasladó estas informaciones como hace con otros, y que los ayuntamientos decidían si las usaban o no.

Lloveras y Buch también han negado al juez que recibieran como presidentes de las dos entidades resolución alguna del Tribunal Constitucional alertándolos que el referéndum fuera ilegal. Solo recibieron la carta que Enric Millo envió a todos los ayuntamientos, como alcaldes, y que era a título informativo.

La procesión del caso de Buch y Lloveras

El caso de Miquel Buch y Neus Lloveras ha recorrido varios tribunales. La fiscalía lo intenta con el Tribunal Supremo, acusándolos de desobediencia para intentar hacer realidad el referéndum a través de los alcaldes.

Pero Pablo Llarena no ve delito y los acaba archivando.

Después el ministerio público lo intenta en el juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, donde se ha construido toda la causa general contra el independentismo. Pero el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, fallecido solo hace unos días, no lo acepta, precisamente porque el Tribunal Supremo ya lo ha archivado.

Y ahora ha llegado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en un tercer intento y porque Buch, al ser conseller, tiene la condición de aforado. El magistrado Jordi Seguí tendrá que decidir seguir o no seguir con la investigación o bien archivarla.

La abogada de los dos tiene previsto pedir el archivo de la causa.