El abogado Gonzalo Boye lanza una advertencia: el suplicatorio contra los eurodiputados de Junts, Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí "va para largo". Hablan de meses y no niega que este tiene "una base política" pero se tendrá que defender técnicamente. A modo de ejemplo, hoy a las siete de la mañana, han enviado más escritos donde Boye cuestiona todos los puntos para demostrar que no se respetan los derechos fundamentales en el interés que persigue el Tribunal Supremo por retirar la inmunidad de los tres parlamentarios europeos.

Hoy empiezan las discusiones dentro del comité y Boye sostiene que el suplicatorio, en los términos que se está trabajando, "es del todo inviable". El recorrido será corto a pesar de la duración del proceso: primero se tendrá que señalar una audiencia y el reportero o relator tendrá que hacer un informe que se enviará al pleno y se acabará votando. Boye envía un mensaje de calma: "Estamos muy tranquilos y se tiene que ir paso a paso planteando las cosas". Otra de las incongruencias que señala el abogado, aparte de la potestad que reclama el Suprem, es que los delitos y las imputaciones de los tres, Puigdemont, Comín y Ponsatí, son totalmente diferentes: "Claramente es una persecución política a representantes de una minoría nacional".

A pesar de todo, Boye confía en el TJUE porque "siempre acaba poniendo las cosas en su lugar" y sobre el Parlamento Europeo, admite que "tardará meses por la agenda que tiene y porque el tema a discutir siempre es delicado". A los tres diputados les imputan delitos diferentes: A Puigdemont y Comín, sedición y malversación, y a Ponsatí, malversación, y por hechos diferentes; la nota común: "Una persecución política a representantes de una minoría nacional". Boye recuerda que incluso la justicia belga ha afirmado que el Supremo español no tiene ningún tipo de potestad para juzgarles. De seguir así, "se anularían las garantías que tienen que tener" los defendidos.

¿Qué dice la ley?

 

Con el reglamento en la mano, la Comisión de Asuntos Políticos fija límites al suplicatorio y deja claro que la comisión no podrá suspender la inmunidad de un diputado si la intención subyacente en el procedimiento judicial es "perjudicar la actividad política del diputado y, en consecuencia, la independencia de la institución (fumus persecutionis)".

Este será uno de los fundamentos en que se ampararán Puigdemont, Comín y Ponsatí. Argumentarán que "es evidente que si fueran extraditados no tendrían un juicio justo"; que el Supremo no es el tribunal competente para juzgarlos, con lo cual se vulnera su derecho al juez natural y a la doble instancia; que el Supremo ha mostrado un sesgo ideológico decidiendo de manera "arbitraria" qué políticos independentistas eran procesados; que los consellers que abandonaron la política fueron puestos en libertad en marzo del 2018 mientras el resto siguieron encarcelados, y que este sesgo se ha hecho evidente también con las condenas y el rechazo a los beneficios penitenciarios de los condenados.

Asimismo, los eurodiputados esgrimirán defectos de procedimiento, entre los cuales, que el Tribunal Supremo no es competente y que no reconoce la inmunidad europea, como demuestra el hecho de que se mantenga la orden de prisión contra ellos en territorio español aunque dispongan de libertad de movimientos en el resto de países. De hecho, advertirán que en caso de que se acabe ejecutando la orden europea de arresto se les someterá a prisión preventiva.

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