El juez de Tribunal Supremo que investiga la portavoz de JxCat Laura Borràs ha reactivado la causa y ha ordenado una batería de diligencias solicitadas por la Fiscalía sobre su gestión al frente de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) entre 2013 y 2017.

Continúa de esta manera la investigación a la diputada por la presunta adjudicación irregular a un amigo de 18 contratos por valor de 259.863 euros cuando dirigía la ILC, unos hechos que, según el Supremo, podrían constituir presuntos delitos de prevaricación y malversación.

Ordena todas las diligencias de la Fiscalía contra Borràs

Según informan en Efe fuentes jurídicas, el magistrado ordenó hace unas semanas todas las diligencias que solicitó la Fiscalía después de que Borràs se acogiera a su derecho a no declarar el pasado mes de julio, cuándo compareció en el Supremo en calidad de investigada.

Entre ellas figuran requerimientos en la ILC en busca de alguna resolución firmada por Borràs, actos de la Junta de Govern, los presupuestos del 2013 a 2017 e identificación de la partida presupuestaria de la Generalitat de la cual se nutre la institución. También pidió varias facturas, así como la previa certificación de ejecución para su pago y posterior autorización e intervención por parte de la directora y de la intervención delegada, en más de varios pagos realizados por ILC.

Borràs siempre ha negado cualquier tipo de irregularidad

A la larga lista de diligencias solicitadas por el fiscal se une también el análisis de movimientos bancarios, así como de expedientes de contratación y otra documentación intervenida en la causa, y una pericial sobre el material informático intervenido a Isaías Herrero, el otro investigado en la causa a quien supuestamente Borràs adjudicó los contratos.

El magistrado también ha atendido la solicitud de la defensa de la diputada y ha accedido a una prueba pericial de tipo tecnológico relacionada con el clonado de los dispositivos. Borràs siempre ha negado cualquier irregularidad y cuando fue citada a declarar, se acogió a su derecho a no hacerlo hasta que el Supremo practicara una prueba que "implicaría poder demostrar que estos trabajos se realizaron, quien es su autoría, cuál es el precio objetivo".

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