El abogado Gonzalo Boye lo tiene claro y desde hace tiempo. Después de soltar que el equipo jurídico que defiende al president Carles Puigdemont en Alemania lleva "dos meses comiendo palomitas" porque "no hemos tenido que hacer nada", ya que la justicia española "se ha ido metiendo goles en propia puerta desde el inicio", Boye ha subrayado que su presentimiento es que Puigdemont volverá a Bélgica y no a España porque Alemania no aceptará la petición española de extradición y, de hecho, ayer los jueces alemanes ya rechazaron encarcelarlo de nuevo y la justicia germana rechazó el cargo de rebelión.

Así lo ha querido poner de relieve en El matí de Catalunya Ràdio, donde ha justificado su argumento bajo la idea de que su pronóstico "no es una cuestión de intuiciones", sino que, ha apuntado, "en los países democráticos, la justicia es previsible". Y más aún teniendo en cuenta que el delito de rebelión y de sedición "no existen" y que el de malversación incluso el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "dice que no se ha dado", mientras que la Guardia Civil y la Policía Nacional española "también han confirmado que no se han encontrado pruebas que la confirmen".

Y no solo esto. También ha querido insistir en la idea de que "la resolución, respecto a la malversación, afirma que hay versiones contradictorias" y, por tanto, considera que "estamos atribuyendo una responsabilidad penal a una cosa de carácter político y sobre una malversación que además no se ha dado". La previsión es que todo esto se decida en la segunda mitad de junio, después de que el fiscal presente su escrito definitivo, de que el equipo jurídico de Puigdemont le conteste, se celebre la vista y se redacten las resoluciones.

¿Imputar a Rajoy?

Subrayando de nuevo que "esos hechos no son delictivos en Alemania porque es una democracia", el abogado del president en el exilio ha lamentado que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena "está socializando hacia el gobierno de Puigdemont la violencia que hayan podido, o no, desplegar algunos pocos manifestantes y atribuyéndole carácter criminal", al mismo tiempo que ha puesto encima de la mesa que precisamente esto, "en los países democráticos es muy difícil de entender como un concepto de violencia".

Según Boye, siguiendo el criterio que pretende aplicar la justicia española a los miembros del Govern y otros dirigentes soberanistas, "también debería de estar imputado el señor Rajoy por la violencia que desplegó de la Guardia Civil y la Policía Nacional", pero ha señalado que "a nadie se le ocurre tirar hacia arriba una cosa que puede ser individual, si es que ha sucedido".

Lo positivo de todo esto es, para el abogado de Puigdemont, que "lo que se está haciendo en el extranjero tiene como sentido revertir lo que se está haciendo en el Estado español", y se ha mostrado convencido de que "no habrá decisiones discordantes entre unos países de la Unión Europea y otros", menos con España, a quien ha emplazado a "decidir si quiere seguir dentro de la UE o convertirse en un país aislado como Albania".