El abogado Gonzalo Boye ha asegurado este martes que la causa por la cual la Fiscalía Especial Antidroga le pide más de nueve años de prisión y una multa de 2,7 millones de euros está dirigida en contra de él después de ganar al Estado español en la defensa del presidente en el exilio, Carles Puigdemont, en Alemania. "Así de simple", ha dicho en una entrevista en el programa Més324. El abogado ha avisado que a pesar de todo no se dejará atemorizar.

Boye ha vinculado sus problemas con la justicia española a su tarea como abogado defensor de Puigdemont. El abogado interpreta el anuncio de la Fiscalía Antidroga como una reacción del Estado español después de las vistas en el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), en Luxemburgo, de la semana pasada. "El viernes en Waterloo valoramos que podría pasar eso porque después de recoger los dientes tenían que hacer algo y es lo que han hecho", ha subrayado el letrado.

El abogado chileno ha asegurado que esta causa se añade a una serie de problemas que ha tenido desde el 2017, cuando se implicó en la defensa de los líderes del independentismo. "Entradas y registros en casa, asaltos, insultos, amenazas, inspecciones de todo tipo, hackeo de teléfono y de ordenadores, creo que es así", ha relatado Boye.

Sobre la causa por la cual se le vincula a una organización de Sito Miñaco dedicada al tráfico de drogas y el blanqueo de capitales, Boye ha reiterado que niega todas las acusaciones y ha advertido que "cuando sea el momento del juicio" pondrá sobre la mesa las pruebas y más de uno pasará vergüenza: primero porque los hechos no son ciertos y segundo porque demuestra una ignorancia incuestionable".

Boye considera "una bestialidad" la petición de la Fiscalía Antidroga

El abogado ha considerado "una bestialidad" que para él se pida ahora más de nueve años de prisión. "Me piden casi más que por un homicidio, que es de 5 a 10 años". Ahora bien, el letrado de Puigdemont ha enviado un mensaje de advertencia a sus perseguidores: "Si creen que me atemorizarán están muy equivocados".

Boye acabó incriminado en este caso por uno de los procesados, Manuel Puentes Saavedra, por unos hechos "falsos". El abogado sostiene que el juez, a pesar de tener información sobre un presunto asesinato, lo dejó en libertad. "Pagó el precio de su libertad con el hecho de incriminarme", ha señalado Boye durante la entrevista.

En septiembre, Boye pidió practicar nuevas diligencias a la investigación o el sobreseimiento de la acusación contra él por falta de consistencia de las pruebas, que se sustentan en la declaración de dos de los imputados. El 6 de febrero del 2017, la policía requisó 889.620 euros en los equipajes de cinco de las personas procesadas en este caso. Desde el primer momento, uno de ellos, Manuel González Rubio asumió la propiedad y explicó que llevaba estos fondos a Colombia, donde estaba montando una empresa. Para defenderse de las acusaciones contra él y el resto de los implicados, acudió al despacho de Boye, de quien ya era cliente desde el 2010 a raíz de sus actividades como empresario. Por esta razón, la defensa argumenta que Boye "no tenía motivo para sospechar" del origen ni del objetivo del capital intervenido".