El abogado Gonzalo Boye ha denunciado que el espionaje al cual estuvo sometido por parte del estado español mientras trabajaba en la inmunidad de los eurodiputados Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí "afectó a la integridad y el secreto" del proceso, tanto en el Parlamento Europeo como en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En una intervención este jueves en el comité de la Eurocámara sobre Pegasus, ha defendido que el espionaje que han sufrido los líderes independentistas supone "un ataque a la minoría nacional catalana". El proceso en el comité de Asuntos Jurídicos de la cámara no era público, pero Boye ha remarcado que al ser espiado se ha afectado la "integridad y secreto" de este. "Había gente que sabía lo mismo que yo y que ustedes. No es la manera democrática de tratar un proceso que no tendría que haber sido judicial, sino que de confrontación política", ha subrayado ante las preguntas de los eurodiputados.

Boye ha reiterado que la única razón por la que ha sido espiado es "solo mi lista de clientes", entre los cuales se encuentra Carles Puigdemont. En este sentido, ha lamentado que ser víctima de este espionaje, no solo se ha puesto en peligro su vida privada y personal, sino que también se ha sometido a espionaje y escuchas a otras personas, como periodistas y juristas, "con los cuales he mantenido conversas, que no tenían nada a ver con la causa catalana ni con España". Con todo, ha insistido en decir que no tiene ninguna duda "que el Estado está detrás del espionaje".

Problemas sistémicos en el sistema judicial

El abogado de Carles Puigdemont ha relatado que ha sido sometido a dos acciones de espionaje, una autorizada por el Tribunal Supremo y los servicios secretos españoles, y la otra por medio de Pegasus, sobre esta última ha asegurado: "No tengo ninguna duda de que fue autorizada por el Gobierno porque son los únicos que lo han admitido". Además, ha apuntado que el hecho que el mismo juez que autorizaba el espionaje decidiera sobre los recursos de los eurodiputados de Junts demuestra "un problema sistémico en el sistema judicial, que no se ha acabado de resolver desde el fin de la dictadura". Durante su intervención, ha remarcado la distinción entre Gobierno y Estado, "como jurista defiendo la presunción de inocencia del gobierno de Pedro Sánchez". "En España hay una falta de compromiso en algunas áreas entre el Gobierno y las agencias del estado", ha apuntado.

Boye ha instado en el Parlamento Europeo a ir hasta el final para descubrir qué ha pasado con el espionaje y encuentre una solución en el marco comunitario. El abogado ha denunciado que en el periodo en el cual fue espiado estaba defendido otros casos ante tribunales alemanes y del TJUE, "si no se respeta el secreto profesional de los abogados, no se puede garantizar un juicio justo. Si no podemos garantizar la integridad de los procesos judiciales, tampoco podemos garantizar la integridad del estado de derecho", ha remachado. Finalmente, el abogado ha criticado no haber recibido "ninguna respuesta" sobre su espionaje y que se le haya pedido entregar su teléfono a la policía para demostrar que es "víctima de una actividad delictiva".