El abogado Gonzalo Boye, que dirige la defensa del president Carles Puigdemont, ha acusado Ciudadanos (Cs) de intentar hacer campaña con la respuesta que el eurocomisario de Justicia, Didier Reynders, ha dado al eurodiputado de Cs y presidente del comité de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara, Adrián Vázquez, sobre la ley de amnistía del Procés, y que el partido ha dado a conocer este martes. En concreto, la Comisión Europea ha recordado que cualquier juez o tribunal español que tutele una causa en la cual se tenga que aplicar la amnistía y haga una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley, este procedimiento quedará congelado, hasta obtener una respuesta del tribunal. Así ha pasado, por ejemplo, con  la mayoría de consultas de jueces españoles, como en el caso de las cláusulas suelo de los bancos, que el tribunal europeo consideró abusivas. Vázquez, sin embargo, ha asegurado que eso implica que "no habrá amnistía para Puigdemont".

"Mucho ruido y pocas nueces... La suspensión del procedimiento ni es absoluta ni implica mantenimiento de medidas cautelares personal, aquí entran en juego otros derechos y la jurisprudencia del TJUE es muy clara... Cosa diferente es que algunos estén tratando de hacer campaña", ha espetado Boye a X (Twitter).

La ley de amnistía de los hechos del Procés está en el Senado, donde se asegura de que el PP querrá retener la norma hasta el último momento. Puede hacerlo durante meses. Se espera que la ley vuelva al Congreso de los Diputados y que se apruebe definitivamente a finales de mayo o principios de junio. La ley recoge claramente que cuando entre en vigor, es decir, una vez publicada en el BOE, se suspenderán todas las medidas cautelares. Por ejemplo, la orden de detención de  Puigdemont  que está en vigor en el Estado español en la causa del 1-O.

La lectura de Cs

Desde Ciudadanos defienden que, a efectos prácticos, la ley de amnistía española quedará "inaplicada" hasta que el TJUE no resuelva las cuestiones prejudiciales que plantearán los tribunales nacionales, según informa la ACN. "Cuando un tribunal español plantee una cuestión prejudicial, como pasará en el caso de la ley de amnistía, la normativa comunitaria exige la suspensión del procedimiento pendiente a la espera de la respuesta del TJUE", señala Vázquez.

Según el eurodiputado de la formación naranja, acciones como esta son solo "un preámbulo de todo aquello que se acerca" y habla del inicio de una "gran batalla por la defensa del estado de derecho a las instituciones europeas" cuando el Congreso de los Diputados apruebe definitivamente la ley de amnistía.

Ciertamente, se espera que la sala de lo penal del TribunalSupremo, que dirige Manuel Marchena, haga una consulta prejudicial al TJUE sobre si la ley de amnistía puede amparar el delito de malversación del 1-O o el de terrorismo de Tsunami, hecho que aplazará la aplicación de la amnistía al president Puigdemont. Otra cosa será que el Supremo no cumpla el mandato de la ley de amnistía, que - en su redactado final, añadido por Junts- dice claramente que las medidas cautelares -es decir, las órdenes de detención- decaerán cuando entre en vigor la ley, incluso si se hacen consultas al TJUE o al Tribunal Constitucional. Habrá que ver como los tribunales lo interpretan y si  se arriesgan a incumplir la norma.