El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha retado hoy al líder del PP, Pablo Casado, a actuar jurídicamente contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, si tan convencido está de que ha cometido un delito de "alta traición" contra el Estado.

En un hilo en Twitter, Borrell admite que se puede discutir habladamente sobre la utilidad, la conveniencia o las funciones de un relator/coordinador en las reuniones de los grupos políticos sobre Catalunya, pero recalca que nada justifica que eso sea lo "más grave que ha pasado en España desde el golpe de estado de 1981" ni acusar de "alta traición" al presidente del gobierno español.

"Son acusaciones muy graves, tipificadas en el Código Penal, que tienen que sostenerse con los instrumentos jurídicos que existen para eso", afirma para añadir que "si el Sr. Casado está convencido de lo que dice, el artículo 102 de la Constitución le permite actuar con los diputados que tiene en el Congreso".

Este precepto constitucional señala en su apartado 1 que "la responsabilidad criminal del presidente y los otros miembros del gobierno español será exigible, en su caso, delante de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo."

Y en el apartado 2 indica que "si la acusación fuera por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta de lo mismo".

Para el ministro de Asuntos exteriores, "resultan pesadas las patéticas invocaciones a que el gobierno español "sea valiente", "no le tenga miedo a la derecha" y se atreva a reconocer el derecho de autodeterminación".

Incide en que "son cuestiones que no están amparadas por la Constitución ni por el derecho internacional" y subraya que Sánchez "lo ha vuelto a recordar y repetir" y que "no pueden hablar en nombre del pueblo catalán, excluyendo de a más de la mitad de los ciudadanos de Catalunya que no los votaron".

Borrell explica que así ocurre con los movimientos independentistas de raíz identitaria que pretenden basarse en la unidad sagrada del pueblo, pero acaban en la división y el enfrentamiento social.

Según dice, los secesionistas intentan conseguir una mediación internacional que facilite una negociación en pie de igualdad entre el gobierno de España y el de la Generalitat y, para eso, denigran la calidad de la democracia y el sistema jurídico y representan a España como un Estado represivo que viola los derechos humanos.

"Sin embargo, ciertamente, España no es Yemen del Sur ni Bosnia ni Kosovo ni Eslovenia en sus peores momentos y ni la Unión Europea ni ningún gobierno del mundo acepta este falso relato", concluye.