La consellera de Governació Meritxell Borràs admitió el pasado 1 de diciembre ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que el 26 de octubre el Govern ya tenía en marcha los preparativos en secreto para unas elecciones en el Parlament anticipadas. Los preparativos se hicieron con tiempo porque los responsables de procesos electorales dijeron que en los 54 días legales no hay tiempo de hacer todos los trámites, y se llevaron en secreto porque no querían que la opinión pública pensara que "no había Govern".

Según extractos de la declaración hechos públicos por La Vanguardia, la consellera explicó que se hicieron trámites para comprar urnas y papeletas para unas elecciones, no para el referéndum del 1-O, y se mostró convencida de que estos trámites fueron útiles para las elecciones del 21-D convocadas por el gobierno español.


Borràs explicó que los miembros del área de procesos electorales, que en aquel momento estaba bajo su custodia, le comentaron que se tenían que empezar a poner en marcha todos los procesos para llevar a cabo las elecciones. "Yo dije que no estaban convocadas todavía y que teníamos tiempo; su contestación fue que en 54 días no son suficientes para hacer todos los expedientes administrativos para conseguir todos los materiales necesarios", explicó Borràs al magistrado.

Eso llevó a una situación de cierta preocupación y dureza; corríamos el riesgo de que eso saliera a la luz y se entendiera que no había Govern y que se optaba por hacer unas elecciones; y teníamos que encontrar vías en el futuro para permitir ser más ágiles a la hora de dar respuesta en el momento que hubiera elecciones. A nadie se le escapa que la legislatura que acabamos de vivir ha sido frágil, Puigdemont tuvo que someterse a una moción de confianza y por lo tanto en cualquier momento se podían celebrar elecciones", relató.


Preguntada sobre el acuerdo marco de homologación de empresas que hicieran urnas para el referéndum, Borràs dijo que este acuerdo marco era otro y que estaba basado en las "leyes constitucionales y estatutarias". No estaba prohibido porque en ningún caso era para el referéndum; estoy segura de que las papeletas han servido para las elecciones del 21 de diciembre. Les ha ido muy bien la homologación de las empresas de papelería". No obstante, "cuando la prensa expresó que eso podía servir para el referéndum, el director general, Francesc Esteve, y yo misma fuimos a hablar con el president Puigdemont para decirle que el objeto del acuerdo marco era muy claro y que las urnas y las papeletas eran exclusivamente para lo que estaba expuesto, para nada más", aseguró.


Este acuerdo era, según Borràs, para que las empresas, si hacía falta, estuvieran homologadas, y se pudieran comprar urnas. No había gasto ni reserva presupuestaria, y había informes jurídicos y económicos para poder realizarlo, remachó.