Hasta el 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya contaba con dos magistrados propuestos por el Parlament de Catalunya, una plaza que existía desde que se creó la sala en 1989, pero que el Consejo general del Poder Judicial (CGPJ) amortizó. Ahora, solo uno de los cinco jueces del TSJC es designado a propuesta de la cámara catalana, Carlos Ramos.
Con el objetivo de revertir esta situación, y conseguir a un segundo magistrado a propuesta del Parlament, la presidenta de la cámara, Laura Borràs ha encargado un informe a los servicios jurídicos del Parlament sobre las posibilidades legales de recuperar a este segundo magistrado autonómico.
Jubilación de Valls
Borràs, además, ha enviado una carta al CGPJ en la cual pide información sobre la destinación de la plaza que ocupaba el magistrado Francisco Valls, jubilado en mayo del 2020. La presidenta de la cámara pregunta al tribunal si es cierto que "sigue todavía sin cubrirse al TSJC la segunda plaza de asignación autonómica".
En este caso, solicita que se le comuniquen "los procedimientos y plazos" que seguirán el CGPJ y el TSJC "para enmendar esta anomalía" -ya que, añade la misiva, "suponemos de una anomalía"- e informa de que el Parlament empezará a trabajar en la selección de la preceptiva terna de candidatos".
Por el contrario, fuentes judiciales ya han aclarado que la sala civil y penal del TSJC perdió a su segundo magistrado autonómico no con la jubilación de Valls, sino con la excedencia que solicitó en el 2016 el juez Joan Manel Abril -que instruyó el caso de la consulta del 9N-, para dedicarse a su labor de catedrático de la UAB, que compagina con la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andorra.
Diez años de experiencia
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que en los tribunales autonómicos una de cada tres plazas sea cubierta por un jurista de reconocido prestigio con más de diez años de ejercicio y elegido por el CGPJ de entre los propuestos por el Parlament.
Así fue como el TSJC, que cuenta con una planta judicial de cinco plazas desde su creación en 1989, pero después de la excedencia de abril, en junio del 2017, el CGPJ cambió de criterio y optó por amortizar la plaza de magistrado autonómico en aplicación de la Ley D'Hondt, el método para asignar escaños que rige la normativa electoral en España.
En plena efervescencia política por el procés en Catalunya, el CGPJ desistió de dirigirse al Parlament para informarlo de la vacante y pedirle que sugiriera la preceptiva terna de juristas ni de la cámara catalana partió ninguna iniciativa para reclamar el segundo magistrado autonómico.
Imagen principal: Laura Borràs a la reunión de la mesa del Parlament / ACN