El caso de Pau Juvillà ha demostrado la extrema vulnerabilidad de las instituciones catalanas, y a pesar de que el Parlament haya dado "todos los pasos posibles, también el estado ha ido mucho más allá en la perversión del ordenamiento jurídico". Así lo ha declarado la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que ha lanzado una pregunta al colectivo independentista: "Hasta dónde estamos dispuestos a ir en parámetros políticos para parar la deriva autoritaria de la judicatura española"?.
Borràs ha protagonizado hoy una conferencia desde el Despacho de Audiencias del Parlament para hacer balance de su primer año al frente de la institución, donde ha reivindicado haber actuado para defender la soberanía del Parlament con el caso Juvillà pero también abordajes internos incómodos, como ahora la supresión de las licencias por edad o abrir más la cámara a la ciudadanía. En cualquier caso, la represión ha sido uno de los temas clave de su intervención, y ha alertado de que ante los próximos golpes represivos contra la Cámara, una cosa es imprescindible: "Hacer frente con unidad, sin reproches, rehaciendo las confianzas rotas". Determinación y unidad en la determinación, ha clamado, ante los nuevos casos que lleguen como el de Juvillà, y ha asegurado que impulsó todas las acciones parlamentarias posibles y ha lamentado que en esta gestión se hayan buscado muchas culpas cuándo la culpable es "la represión del estado".
Borràs ha asegurado que el estado mantiene el Parlament como uno de sus objetivos para atacar, como demuestra la reciente decisión del TSJC contra Roger Torrent y otros tres miembros de la Mesa, o como demuestran los ataques contra la misma Borràs por parte del Tribunal Constitucional por haber aceptado la delegación de voto de Lluís Puig: "No podemos normalizar que el TC tutele la actividad parlamentaria y delimite cuestiones sobre las cuales se puede debatir", ha proclamado, y también ha cargado contra la Junta Electoral Central, responsable de la inhabilitación de Juvillà: "Actúa como franquicia del Tribunal Supremo", ha lamentado, y ha acusado al estado español de perseverar laminando los derechos fundamentales.
Preguntada por la situación de los letrados después del caso Juvillà, la presidenta de la Cámara ha afirmado que mantiene la "confianza" en la secretaria general del Parlament, Esther Andreu, a la que nombró tras destituir al exsecretario general Xavier Muro, con el que Borràs fue crítica por su papel en la anterior legislatura. Preguntada por si se plantea relevar a Andreu al igual que hizo con Muro porque el caso Juvillà ha acabado igual como acabó la inhabilitación de Torra, Borràs ha contestado que "no siempre llegar al mismo resultado no implica que los caminos sean diferentes". Ha defendido que mantiene su confianza en el equipo de letrados que nombró y cree que no se puede ignorar que la "existencia de precedentes" dificulta la gestión de casos posteriores, en alusión a la inhabilitación de Torra en la anterior legislatura.
Corrección de anomalías
Más allá del ámbito represivo Borràs ha hecho balance de las decisiones tomadas hasta ahora, y sobre todo sobre las principales polémicas. Así, sobre las licencias por edad que permitían que trabajadores del Parlament cobraran sin trabajar, ha asegurado que más allá del alboroto mediático, se puso a trabajarpara resolverlo negociando con los trabajadores para caminar hacia la extinción progresiva, pero después de la alarma generada a nivel social, se eliminaron definitivamente. Borràs ha reivindicado que antes nadie se había planteado suprimirlas, y ha anunciado que desde el 2009, 55 personas se habían acogido a este privilegio, que ha costado más de 14,3 millones de euros para la Cámara. También ha reivindicado haber cambiado el sistema de trienios, con el fin de sólo retribuir los que se hayan devengado en el Parlament y no en otras administraciones públicas.
También ha relatado su voluntad de corregir la "doble anomalía" de las dietas de los diputados: el hecho de que parte de las retribuciones esté exenta de retención y que las dietas se paguen, con independencia de que los diputados se desplacen o no. La presidenta ha explicado que planteó corregirlo y encima de la mesa hay hasta 18 propuestas, pero los grupos todavía no se han puesto de acuerdo, un hecho que espera que se resuelva pronto. "Las turbulencias que estas cuestiones generan hacen, ciertamente, que su abordaje sea incómodo, pero nunca he aceptado ejercer responsabilidades públicas con la voluntad de ponerme de perfil ante situaciones complicada. Y aquí, aunque el reto fuera mayúsculo, tampoco", ha valorado a la presidenta.
También ha comentado una de las características de las cuales más se ha hablado durante el primer año, su forma de moderar los debates. Así, ha subrayado que ella, cuando inició el cargo, prometió ser implacable contra los discurso xenófobos, machistas y racistas: "Creo que la ciudadanía ha percibido y ha agradecido la firmeza en la dirección de los debates", ha reconocido.