Begoña Gómez mueve ficha. Una semana después de que Juan Carlos Peinado le notificara que la pieza relativa a la presunta malversación por la contratación de su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, será juzgada por un jurado popular si llega a juicio, la esposa de Pedro Sánchez pone deberes al juez. En un escrito al que ha tenido acceso ElNacional.cat, le reclama que pida a la secretaria general de la Presidencia del Gobierno que informe sobre “todos los antecedentes que le consten en relación con el nombramiento de asistentes al cónyuge del presidente del Gobierno” con la “delimitación de los puestos ocupados y las funciones que llevaban a cabo”. Es una diligencia que su abogado, Antonio Camacho, solicita amparándose en la Ley del Jurado Popular, que abre la puerta a pedir nuevas indagaciones después de que un juez dé el paso de encaminar una causa hacia un jurado popular. De hecho, esto mismo llevó a las acusaciones populares a reclamar a Juan Carlos Peinado que vuelva a citar como testigos al presidente español, Pedro Sánchez, y al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
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📝 La UCO corrobora que la asesora de la Moncloa hizo múltiples gestiones para la cátedra de Begoña Gómez
El magistrado sospecha que Cristina Álvarez habría aprovechado su cargo institucional como asesora de la esposa del presidente español, una figura que también existía con los predecesores de Pedro Sánchez en la Moncloa, para hacer gestiones a favor de los intereses personales y profesionales de Begoña Gómez. Así pues, por ejemplo, uno de los asistentes de Elvira Fernández, la esposa de Mariano Rajoy, fue Jaime de los Santos, que actualmente es diputado del PP y vicesecretario general de Igualdad del partido. Además, fue consejero de Cultura, Turismo y Deporte entre 2017 y 2019 con Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid. Su figura saltó a la luz en 2013 cuando se publicaron unas fotografías donde se veía que llevaba bolsas de varias tiendas de ropa. Previamente, Sonsoles Espinosa (esposa de José Luis Rodríguez Zapatero) tuvo una secretaria personal entre 2004 y 2011 y Ana Botella (esposa de José María Aznar) tuvo una funcionaria de apoyo y una asistente personal, que era Cristina Alonso.
Hace diez días, el juez Juan Carlos Peinado justificó la decisión de seguir adelante con la causa por malversación con tres argumentos principales. El primero es que las declaraciones del 10 de septiembre de Begoña Gómez y Cristina Álvarez no pueden tenerse en cuenta en “sentido exculpatorio”. La asesora se negó a declarar y la mujer de Pedro Sánchez, que solo contestó a las preguntas de su abogado, reconoció que su asesora la ayudó excepcionalmente en cuestiones vinculadas a su actividad profesional. El segundo es un pronunciamiento de la Audiencia de Madrid, que en junio arguyó que Cristina Álvarez “desvió recursos públicos para intereses privados”. Y el tercero son los correos electrónicos que aportó el ex vicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense, Juan Carlos Doadrio. Con todo, el juez concluyó que existen “indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos”. “Se puede inferir con las leyes de la lógica y de la empírica que se cumple el requisito de la verosimilitud de los hechos, que hasta ahora no podía determinarse de una manera concreta”, remachó.
Las múltiples gestiones de Cristina Álvarez sobre la cátedra que codirigía Begoña Gómez
Precisamente, el movimiento de Begoña Gómez llega una semana después de que se conociera el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los correos de Cristina Álvarez. “Se pueden destacar los contactos mantenidos con diferentes instituciones que colaborarían con la cátedra”, subrayó la UCO. El documento, al que tuvo acceso ElNacional.cat, hacía patente una actuación sistemática y recurrente de Cristina Álvarez sobre temas relacionados con la cátedra. En 2022, por ejemplo, hizo gestiones con Indra para firmar un convenio de colaboración con la cátedra. “Agradezco mucho vuestra ayuda para firmarla a la mayor brevedad posible”, le dijo Indra. “Informarte de que está solo pendiente de una firma, de la Fundación LaCaixa, esperamos que la semana que viene os podamos enviar una copia ya firmada por parte de todos”, le contestó Álvarez unos días más tarde.
Asimismo, en julio de 2022, Cristina Álvarez escribió el texto literal que debía incluirse en una carta dirigida a Google para solicitar su colaboración con la cátedra que codirigía Begoña Gómez. “Creemos que Google sería una empresa candidata ideal para formar parte de esta alianza a través de la categoría Crecer. Esta categoría consiste en una colaboración económica anual de 40.000 euros”, decía el escrito. Previamente, en julio de 2021, Álvarez hizo de intermediaria para un certificado de donación que pidió Reale para hacer la declaración correctamente, dado que la universidad había declarado su contribución a la cátedra (por valor de 60.000 euros) como una donación. Además, también envió el currículum de Begoña Gómez a la Complutense de cara a un curso de verano y un documento que contenía una batería de preguntas a plantearle durante la inauguración del curso.
De hecho, Juan Carlos Peinado empezó a investigar a Cristina Álvarez después de saberse que en febrero de 2024 hizo gestiones con un patrocinador a favor de la cátedra de la mujer de Pedro Sánchez: “Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra”, comunicó a la empresa Reale. Y a partir de ahí el juez empezó a tirar del hilo. La Audiencia de Madrid considera que esto “supera claramente sus funciones”, mientras que el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, lo enmarca en un “favor a la persona para quien trabajas y con la que mantienes una relación de amistad”.